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Pedro López, Ketty Méndez, Txepe Lara, Macarena Peña, Gonzalo Aróstegui, Carlos Díaz, Ramón Linaza, Pedro Casas, miembros del colectivo Afectados por la herencia Real

Tan sobrada y prepotente es la monarquía española, y el sistema que lo arropa, que ya ni se molesta en guardar las formas.

Desde el 19 de julio de 2014 España es una monarquía con dos reyes (un contrasentido en sí mismo), por obra y gracia de un decreto emanado del gobierno de Rajoy.

El 3 de octubre de 2017 el rey que ejerce de Jefe de Estado se salta su supuesta función arbitral y representativa y se mete de lleno en la arena política de una de las partes en conflicto, condenando el derecho democrático a decidir y apoyando sin paliativos la represión contra quienes quisieron ejercerlo, sin contar con la aprobación del gobierno de turno.

El 15 de marzo de 2020 el mismo rey con mando en plaza (Felipe VI) reconoce públicamente en un comunicado los actos delictivos del otro rey (Juan Carlos) y dice renunciar a las herencias que pudieran “no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada”, olvidándose de renunciar a la principal de las herencias, la corona, de origen antidemocrático, no sólo por ser la antítesis de la democracia, sino porque en su restauración medió un golpe de estado cruento.

El 3 de agosto de 2020 un nuevo comunicado de la casa del Rey nos anuncia que el rey padre se fuga de España “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones”.

En el comunicado del 15 de marzo, el rey hijo decía: “Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos“.

Esta solemne declaración hacía pensar (a los más ingenuos) que el rey hijo (Felipe VI) recriminaría a su padre y haría lo posible por evitar la fuga, ya que en un supuesto estado de derecho, las personas investigadas por posibles delitos (fiscales y de blanqueo de capitales, en este caso), lo más honesto que deben hacer es colaborar con la justicia, no huir al otro lado del planeta, como ha hecho el rey padre.

Pues haciendo alarde una vez más de esta prepotencia, el rey con mando en plaza lo que hace es transmitir a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.

¿Qué concepto tiene nuestra monarquía de los llamados principios morales y éticos? Pero no sólo la monarquía, sino el gobierno que ha reconocido haber participado en las negociaciones, y “agradece” también la decisión adoptada.

¿Se puede ser más altivo y prepotente? La monarquía española ha mostrado no sólo su carácter antidemocrático (que va de suyo), sino su corrupción intrínseca (durante al menos los 39 años de reinado de Juan Carlos) y la nula catadura moral y ética de la propia corona y los personajes que la ostentan.

No se trata de poner cortafuegos entre el padre y el hijo. No sólo el hijo ha sido y es beneficiario de la fortuna amasada por su padre, es que además ha demostrado, en su corto reinado, el significado que tienen para él los conceptos de neutralidad, democracia y ética.

Sólo cabe una cosa, que Felipe VI renuncie a su herencia real, la corona, que abdique y se convoque un referéndum vinculante para que la ciudadanía decida la forma de estado que quiera tener en el futuro.

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