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Patronal y sindicatos firmarán esta semana el que será el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC). Esta especie de ‘convenio de convenios’ está pensado como una hoja de ruta para guiar las negociaciones salariales sector a sector. Es un documento sin rango normativo que las partes se comprometen a cumplir pero que no están legalmente obligadas a ello. Y esa ausencia de obligatoriedad se plasma de manera contundente en las estadísticas. Solo en un año de los últimos 18 en los que había un acuerdo salarial vigente las nóminas han subido dentro de los umbrales pactados entre patronal y sindicatos.

La negociación bipartita en España acumula dos décadas de acuerdos estatales. La idea es que las cúpulas trasladen un ‘paraguas’ -es la metáfora recurrentemente utilizada por los negociadores- a sus asociados bajo el que moverse. No obstante, las particularidades de cada sector y la autonomía que acaban teniendo los agentes sobre el terreno han acabado provocando que sean muchos más los convenios que se renuevan saltándose las recomendaciones de los acuerdos salariales que los que las cumplen.

El primer acuerdo entre las cúpulas confederales de CEOE, CCOO y UGT se remonta a 1997. Entonces la economía española surfeaba entre la resaca de la crisis originada por la guerra del Golfo y los agentes sociales trataron de aportar estabilidad con un primer acuerdo de mínimos sobre negociación colectiva. No obstante, no fue hasta 2002 cuando patronal y sindicatos compartieron un marco común de incrementos salariales. 

Desde entonces y hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, los agentes sociales se emplazaron a subir los sueldos al mismo nivel que la inflación prevista por el Gobierno. El problema fue que el Gobierno infraestimaba de manera sistemática el alza de precios y los sindicatos acababan apretando para lograr mayores alzas salariales para no perder así poder adquisitivo. Resultado: los incrementos plasmados en los convenios casi doblaban el umbral pactado previamente. 

La escasa prédica durante la década de los 2000 y el terremoto sin precedentes que supuso la crisis financiera e inmobiliaria del 2008 obligaron a los agentes sociales a cambiar su modus operandi. Después de un paréntesis en 2009, cuando la patronal y los sindicatos no fueron capaces de acordar unas recomendaciones que trasladar a sus asociados, a partir del 2010 los acuerdos salariales pasaron de tener una vigencia anual a trianual. También dejaron atrás la senda de vincular salarios directamente a la inflación y pasaron a sugerir porcentajes concretos de incrementos.  

La lógica negociadora de los convenios colectivos funciona con una demora respecto al ciclo económico. Prueba de ello es que mientras la economía española se adentraba en su mayor crisis, los salarios subían como si la economía fuera viento en popa. Y es que mientras las cúpulas de los agentes sociales apelaban a la moderación salarial para priorizar la creación de empleo –cabe recordar que la tasa de paro superaba el 20%- y sugerían un contenido 1%, el incremento medio de los convenios fue del 2,3%.

Las empresas arrastran los pies con los salarios

Si la primera década estuvo marcada por la vulneración de los acuerdos salariales a favor de los trabajadores, la segunda se caracterizó por unos empresarios arrastrando los pies y ofreciendo incrementos de sueldos por debajo de lo pactado. A partir del 2012 –coincidiendo con el segundo AENC- las subidas salariales materializadas en los convenios estuvieron siempre por debajo de lo que se comprometió la patronal. 

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En el ciclo económico posterior a la Gran Recesión el empleo poco a poco fue recuperando los niveles previos a la crisis y los salarios registraron paupérrimos incrementos, en varios ejercicios por debajo del 1%. No fue hasta 2019 cuando por vez primera el incremento salarial pactado entre los agentes sociales coincidió con el que acabaron cerrando sus asociados. Por aquel entonces el AENC contemplaba una subida de entre el 2 y el 3% y la media de convenios acabó renovándose al 2,2%. 

Esas reticencias empresariales a subir sueldos se trasladaron también a otros compromisos contemplados dentro de los acuerdos salariales. En el anterior AENC patronales y sindicatos firmaron que para el 2020 no podía haber ningún convenio con un salario inferior a los 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas o 14.000 euros anuales). Cuatro de cada 10 convenios llegaron a dicha fecha con categorías salariales todavía por debajo de dicha cuantía, según un informe de CCOO. No ha sido hasta las últimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) por parte del Gobierno que las empresas han actualizado sobre esa cifra sus tablas.  

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