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El año 2019 terminó con un requerimiento por parte de la coordinadora de organizaciones republicanas como paso previo a la interposición de una demanda ante la inacción del Gobierno andaluz para retirar de la basílica de La Macarena los restos mortales del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano. La pandemia, luego, lo paralizó casi todo, incluido aquel paso judicial para llevar a la administración andaluza a los tribunales de justicia. Aunque la Junta de Andalucía, posteriormente, dictó por fin en julio la orden que creaba el comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía y ha habido reuniones estos meses, según la Consejería de Cultura, de momento no se han dado pasos concretos al respecto.
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Ese mismo mes de julio, el Ayuntamiento hispalense pidió de nuevo sacar la tumba de Queipo de La Macarena. La Hermandad, por su parte, bendijo en noviembre su columbario, «y ya están entrando restos de hermanos», confirman fuentes de la Hermandad, desde donde aseguran que «seguimos esperando que haya reglamento o que la Junta determine algo». La familia, que había negociado el traslado a ese lugar, no se ha pronunciado «mientras tanto». «Y la hermandad sin poder hacer nada», señalan desde La Macarena. «No he hecho el columbario para sacar o meter a Queipo de Llano», dijo hace unas fechas en la SER su Hermano Mayor, José Antonio Fernández Cabrero.
El caso es que la exhumación de Queipo de Llano de la Macarena viene siendo una reivindicación constante del movimiento memorialista de Sevilla desde que se aprobó la ley andaluza de Memoria Histórica, en 2017. El Ayuntamiento de Sevilla recogió la propuesta de la coordinadora Andalucía Republicana para elaborar un catálogo de elementos contrarios a la memoria histórica existentes en la capital hispalense, en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria estatal, que establece la posibilidad de que el Gobierno colabore con las comunidades autónomas y las entidades locales «en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura». Entre ellos se incluiría la tumba del general franquista, pese a que un informe jurídico de la Junta cuestionó en su día la posible exhumación de los restos. Adelante Andalucía y Adelante Sevilla han vuelto a insistir este año en la «falta de voluntad y decisión de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla» para sacar los restos mortales de Queipo.
«Repercusión pública»
Lo cierto es que el tema lleva años en la agenda pero no termina de concretarse. La ley andaluza de memoria, cabe recordarlo, en el artículo 32.1 dice que la exhibición pública de elementos «en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las Víctimas», estableciendo que «cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
A nivel estatal, como se ha dicho, está en vigor la Ley aprobada en 2007 y, en anteproyecto la Ley de Memoria Democrática, aprobado el 15 de septiembre de 2020. Cuando dicha ley entre en vigor, «no podrá estar nadie relacionado con el Golpe de Estado en ningún lugar público ni privado con repercusión pública», dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en alusión al general franquista en una visita a Sevilla unos días después del paso dado por el Consejo de Ministros.
El anteproyecto estatal contempla un artículo muy similar al andaluz, en concreto el 36.2: «Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos». Con todo, y sin necesidad de la futura norma, la salida de Queipo de la basílica a ojos del público sigue siendo cuestión de «voluntad política», como ya indicaron expertos consultados por este periódico.
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