Según han apuntado se concentran en unas diez manzanas que la asociación ha delimitado en un plano de la bahía, concretamente, entre los balnearios 5 y 7 y en los alrededores de la conocida popularmente calle del Jamón, epicentro de los episodios conflictivos del Arenal desde hace años. «Ha habido cero medidas cautelares ejecutadas; ninguna de nuestras denuncias ha recibido una resolución en firme», ha lamentado Alarcón.

La AHPP incluso contrató a un detective privado que en nueve días llegó a recabar hasta 812 infracciones de la normativa, lo cual es un buen indicativo, han señalado, del descontrol que campa por una zona ignorada en lo que a labores de inspección y vigilancia policial se refiere. Los propios subdirectores de los hoteles han llegado a ejercer de inspectores aportando vídeo y fotografías a la Administración que finalmente no se han traducido en ninguna actuación. Asimismo, a la asociación no le consta la intervención de oficio por parte de ningún inspector de las organismos pertinentes, las direcciones generales de Salut Pública i de Turisme, además de la Policía Local de Palma.

A ello se le suma el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con el Ayuntamiento de Calvià y Magaluf, el Ajuntament de Palma no dispone de competencias para el cierre cautelar de establecimientos que incumplan la normativa y no las ha solicitado. Algo que ha lamentado Alarcón, quien asegura no entender por reclamó estas competencias al igual que lo hicieron sus vecinos calvianers.

Esta falta de control ha sido perfectamente constatada por los infractores -clientes incívicos, tiqueteros, vendedores ambulantes…- esta temporada, que ha sido la primera en la que la normativa ha podido ser aplicada tras dos veranos de pandemia; el problema se acabará desbocando si persiste la temporada que viene. «Si en el segundo año los malos se dan cuenta de que somos inútiles se acabó».