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SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –
El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) ha cuestionado este sábado «el modelo de colaboración público-privada que defiende el gobierno de la Junta de Andalucía» para la gestión del agua, frente al que ha apostado por que ésta sea íntegramente pública, y ello tras lo sucedido en Écija, La Luisiana y Marchena, tres municipios en los que la Consejería de Salud y Familias ha declarado no apta para el consumo humano el agua tras confirmarse una concentración de Beceno superior a los límites normativos permitidos.
En un comunicado, el diputado de Adelante ha sostenido que dicho «modelo de colaboración público-privada dificulta la resolución de problemas respecto al suministro y calidad del agua, como se está viendo» en dichos municipios sevillanos.
En esa línea, Ismael Sánchez ha defendido que «es necesario un cambio de enfoque de la política de aguas», y exige «una revisión del modelo de gobernanza, tal y como viene solicitando la Red por la Nueva Cultura del Agua y la fundación que también lleva este nombre».
Tal y como solicita esta Red, «hay que pasar de una visión del agua como factor productivo, con la consiguiente política de oferta al servicio de determinados grupos de usuarios, a un enfoque de protección de un patrimonio común y uso condicionado a la sostenibilidad, y esto debería haber ido acompañado de una reforma en profundidad del diseño institucional de la gestión del agua, algo que no se ha producido», afirma el diputado.
El también representante de Izquierda Unida comparte la «preocupación» de su organización por la situación en la que se encuentran vecinos de las localidades afectadas por la declaración de agua no potable, y mantiene que «se hace urgente debatir el modelo de gestión del agua».
Desde IU se defiende «la gestión pública del agua, las inversiones en las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades y los derechos humanos al agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos y al saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental».
Ismael Sánchez ha remarcado que Andalucía es «la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un mínimo vital de suministro a las personas que carecen de recursos económicos», pero «hasta ahora no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica», según ha lamentado.
«La garantía del abastecimiento de agua potable de la máxima calidad ha de ser una prioridad central para el Gobierno de la Junta, pero desgraciadamente los hechos nos demuestran que no es así», según ha concluido el diputado sevillano.
PODEMOS PIDE EXPLICACIONES
Por su parte, Podemos Écija ha anunciado este sábado en otro comunicado que va a pedir «explicaciones» a la Junta de Andalucía y al Consorcio de Aguas ‘Plan Écija’ por lo ocurrido con el suministro del agua declarada no apta para el consumo.
Ante «la alerta causada», Podemos Écija opina que «es importante aclarar las lagunas que existen en la gestión de este problema desde que surgen las primeras medidas –que afectaban a las localidades vecinas de La Luisiana-El Campillo y Marchena– y las que se toman en Écija».
«Queremos que se aclare por qué la Junta de Andalucía tarda prácticamente 24 horas en reaccionar ante el problema, y por qué primero se apresura en declarar que el agua en Écija es apta para el consumo humano para, ni un día más tarde, resuelve que no lo es y prohíbe su uso y lo limita únicamente a la higiene y limpieza», indican desde el partido morado.
Para Podemos, «tanto la Junta de Andalucía como el Consorcio de Aguas ‘Plan Écija’ deben aclarar cuándo se detectó la contaminación por benceno, cuándo se activo el protocolo para solucionar el problema y cuándo se avisó a las autoridades municipales».
Desde Podemos, además, piden al gobierno local del PSOE que «se dirija a la Junta de Andalucía y a los responsables del Consorcio de Aguas ‘Plan Écija’ para que den explicaciones por lo ocurrido y ante la alarma causada en la localidad y a sus vecinos».
«Es nuestro deber, y el del Ayuntamiento de Écija con el alcalde a la cabeza, exigir transparencia a los organismos responsables de la gestión del agua, máxime ante un suceso que no sabemos hasta qué punto ha podido suponer un riesgo para la salud», concluyen desde Podemos.
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