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ARAHAL (SEVILLA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) –

El diputado autonómico de Adelante por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) ha mantenido una reunión con el equipo del Ayuntamiento de Arahal, gobernado por Miguel Ángel Márquez (IU), apoyando la tesis del mismo respecto a la «necesidad de que la Junta establezca ayudas» a los municipios afectados por la anulación de los procedimientos emprendidos para la redacción de sus nuevos planeamientos urbanos.

Hablamos del reciente decreto ley 31/2020 de la Junta de Andalucía, que estipula la «terminación de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuya evaluación ambiental estratégica se esté tramitando de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015 (..) que no cuenten con Informe de Valoración Ambiental o con Declaración Ambiental Estratégica».

«A la vista de doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se produce un escenario en el que es posible la anulación de un número importante de instrumentos de planeamiento urbanístico cuya evaluación ambiental estratégica se realizó, según considera el Tribunal, de forma inadecuada, por lo que urge la adopción de una serie de medidas que garanticen que está evaluación ambiental estratégica se va realizar ajustándose escrupulosamente a lo establecido en la Directiva 2001/42/CE y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre», precisa dicho decreto, recogido por Europa Press.

Sánchez expone al respecto que los ayuntamientos afectados, unos 90 en toda Andalucía, «han seguido las instrucciones marcadas por la autoridad competente, la Junta de Andalucía, para aprobar sus planes de ordenación», pero merced al mencionado decreto derivado de la doctrina judicial «se encuentran ahora con que todo el trabajo realizado no ha servido para nada y tienen que volver a empezar el proceso de redacción», con los consiguientes costes económicos.

LA FINANCIACIÓN

«La junta dice que los ayuntamientos tienen la obligación de empezar de nuevo, pero no ha dicho cómo se va a financiar eso», se ha quejado, avisando de que los municipios no son «los responsables» de esta situación.

Por eso, ha reclamado a la Consejería de Fomento que «escuche a los ayuntamientos y a la FAMP y ponga voluntad política para facilitar estas ayudas», así como una agilización de los trámites para los nuevos planeamientos urbanos.

Por su parte Sandra Orozco, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal, ha destacado que son necesarias «directrices» para la redacción de los nuevos PGOU tras ser devuelta la tramitación de los mismos «a la casilla de salida». «La redacción del PGOU de Arahal tenía concedida desde 2010 una subvención de 248.000 euros y la última parte vamos dejar de percibirla, ya que se concedía con la aprobación definitiva», ha lamentado.

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