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La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) , iniciativa feminista centrada en la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo, denuncia que esta ley sobre violencias sexuales omite a las mujeres prostituidas, ignora la lucha contra la pornografía y promueve en la legislación la confusión intencionada entre sexo y género.
La Alianza ha presentado una batería de alegaciones al proyecto elaborado desde el departamento que dirige Irene Montero y que se halla en fase consultiva. Las alegaciones sostienen que el texto es contradictorio con la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad.
Las feministas exigen la retirada de todas las menciones en la ley de los conceptos acientíficos de “identidad de género” y “expresión de género”, ya que suponen una “fraudulenta maniobra política”, no aportan nada útil a su contenido y socavan la protección efectiva de las mujeres.
Los documentos internos de organizaciones proqueer recomiendan hacer esas transformaciones legales , profundamente sexistas, vinculándolas a “una reforma legal más popular”.
Las claves de las alegaciones:
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM), el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual entra en contradicción con la Ley contra la Violencia de Género y con la Ley de Igualdad, al incluir terminología identitaria acientífica y basada en percepciones personales.
El equipo jurídico de la Alianza alega que el reconocimiento de la ficción jurídica de la “identidad de género” niega la realidad material del sexo que está en el origen de la violencia y la discriminación que sufren las mujeres.
Este es un retroceso de años que acerca esta ley a postulados similares a los de la extrema derecha, cuando niegan aquella forma de violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Con la mención al “derecho penal de autor” en el texto, el ministerio alimenta los bulos machistas de la extrema derecha:
Resulta insólito que desde un ministerio que se dice feminista se promueva un texto que induce a percibir como injustas las penas dictadas en casos de violencia sexual por ser demasiado altas.
En una ley sobre libertad y violencias sexuales resulta injustificable la omisión de las mujeres prostituidas:
El anteproyecto crea ciudadanas de segunda categoría. Ignorar la problemática de la explotación sexual equivale a considerar que la libertad de las mujeres prostituidas vale menos que la de otras mujeres.
El anteproyecto ignora que la pornografía es violencia contra las mujeres:
Esta ausencia es inaceptable. La investigación social constata cómo la pornografía sostiene ideológicamente la violencia sexual, generando en los menores patrones de conducta denigrantes y dañinos para las mujeres, que podrían derivar en agresiones sexuales.
El texto olvida la educación sexual que promueva la igualdad entre mujeres y hombres:
Las feministas rechazan categóricamente que la enseñanza pública difunda ideas acientíficas acerca de la existencia de “cerebros femeninos o masculinos” y “nacimientos en cuerpos equivocados”.
La confusión entre “sexo” y “género” en el anteproyecto crea indefensión para las mujeres:
La Alianza considera que esa confusión es intencionada y que Igualdad busca aprovechar una ley contra la violencia sexual para legalizar la “identidad de género”.
Las juristas de la Alianza advierten que en numerosos puntos del anteproyecto se utiliza la palabra “género” cuando habría que utilizar la palabra “sexo”.
En el texto frecuentemente son tratadas como sinónimos. Lo biológico –el sexo– no es igual a lo cultural –el género–.
Las normas internacionales especifican que la discriminación contra las mujeres está fundada en el sexo, añaden, siendo el género la herramienta sociocultural para sostener esa discriminación.
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, confundir “sexo” y “género” atenta contra categorías protegidas que supusieron un hito en la conquista histórica de derechos fundamentales, como son los derechos de las mujeres basados en el sexo.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ya alertó al Ministerio de Justicia que este anteproyecto pone en cuestión derechos específicos de las mujeres
La Alianza ya dirigió una carta al ministro de Justicia, previa al estado de alarma, denunciando el intento del departamento de Montero de utilizar esta ley para legalizar conceptos que no cuentan con aceptación social ni académica y que nada aportan a dicha ley, pero que ponen en cuestión derechos específicos de las mujeres.
Tras presentar sus alegaciones ante el Ministerio de Igualdad, la Alianza se dirigirá a todos los grupos parlamentarios y solicitará una entrevista con todos ellos con el objetivo de alertarlos sobre las consecuencias de la aprobación de determinados conceptos que implican el borrado administrativo y estadístico de las mujeres.
Asimismo, la Alianza iniciará, el próximo 10 de junio, una serie de Feminarios web para explicar detalladamente las alegaciones presentadas al ministerio.
La “identidad de género” se incluye en la ley de forma semiclandestina:
El Ministerio de Igualdad ha presentado un anteproyecto que sigue las mismas técnicas lobbistas que vienen denunciando las feministas en varios países europeos y americanos, al “colar” en leyes de amplia aceptación social postulados ideológicos que no han sido aún objeto de un debate público ni parlamentario. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, considera que el objetivo es evitar que la sociedad conozca y entienda las implicaciones sociales que tienen las leyes de “identidad de género”.
Las alegaciones señalan que el departamento que dirige Irene Montero sigue las pautas y recomendaciones de informes como el elaborado por Iglyo, la red británica de organizaciones LGBTQI, la Fundación Thomson Reuters y la firma de abogacía Dentons, que recomiendan “evitar la cobertura y exposición excesiva en la prensa” cuando se trate de introducir nuevos conceptos jurídicos o aprobar normas que imponga la ideología queer.
El anteproyecto pretende que siempre habrá una persona transfemenina más oprimida que la mujer más oprimida del mundo. Se daría la paradoja, con esta ley, de que el mismo varón que por la jerarquía social es más privilegiado que su esposa, pudiera obtener, tras un cambio de sexo registral, la consideración de “mujer especialmente discriminada”, mientras que su esposa sería simplemente “discriminada”.
Las alegaciones, están avaladas por un amplio número de organizaciones de mujeres, entre las que destacan la asociación Tertulia Feminista Les Comadres, promotora de las manifestaciones del Tren de la Libertad, la progresista Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Lobby Europeo de Mujeres en España (LEM España) la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, o la Asociación Universitaria Contra la Violencia Machista (AUVIM).
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