La Cancillería argentina informó que desde que tomó conocimiento de la visita a Pakistán del ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, prófugo del ataque a la AMIA, “ejerció sin dilaciones y con urgencia las acciones en el ámbito de sus competencias” para que fuera apresado. También comunicó que, al no conseguir ese objetivo, “a comienzos de marzo” envió una “nota de protesta” a Pakistán en la que ”lamenta la falta de colaboración” para detener al sospechoso.

La Cancillería dijo que supo de la visita de Vahidi a Pakistán el 10 de febrero pasado “de manera informal” y que “el aviso efectivo fue el 14 de febrero”. Y ese día recibió una orden de captura internacional firmada por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En rigor, la cancillería recibió el 10 de febrero un oficio de la Unidad Fiscal AMIA, dirigido al canciller Santiago Cafiero, firmado por el fiscal Andrés Basso y con membrete de la Procuración General de la Nación, en colores.

Allí se señala que “conforme surge del siguiente enlace https://dnd.com.pk/iranian-interior-minister-to-visit-pakistan-next-week-shei kh-rashid/263474″ el imputado Ahmad Vahidi, quien registra captura nacional e internacional en la causa en la que nos dirigimos (dispuesta por el Sr. Juez Canicoba Corral el 9 de noviembre de 2006), viajaría el 14 de febrero de 2022 a la República Islámica de Pakistán. Por tal motivo, le solicitamos que por intermedio de nuestras representaciones diplomáticas en Pakistán e Irán, se recabe información de interés para la investigación acerca de la estadía del imputado en ese país y, de considerarlo pertinente, se activen los mecanismos diplomáticos y de política exterior que estimen corresponda para dar cumplimiento con la orden judicial de captura”.

Tras esa nota, la Cancillería informó que dio aviso a Interpol Buenos Aires el 10 de febrero y que un día después presentó una nota verbal ante las autoridades pakistaníes para hacerles saber del pedido de captura. También comunicaron que el 14 de febrero llegó la orden de detención firmada por la jueza Capuchetti y que enviaron esa orden judicial “inmediatamente a Pakistán, pero por la diferencia horaria pudieron presentarla en la Cancillería pakistaní el 15 de febrero”, cuando Vahidi ya se había regresado a Irán.

“Desde el día 10 de febrero Cancillería estuvo en contacto con funcionarios de UFI AMIA y brindó asesoramiento al Juzgado Federal sobre los tratados vigentes entre Argentina y Pakistán. También se dio aviso a la OCN INTERPOL”, aseguró la Cancillería.

LA NACION informó que la orden de la jueza Capuchetti era del 14 de enero, porque así está escrito en el oficio de la magistrada. Ayer, fuentes judiciales aclararon que “se trató de error material de tipeo” y que la firma electrónica al pie indica que la orden de captura es del 14 de febrero, fecha que informó la Cancillería.

No obstante, estas fuentes aclararon que la orden de captura de Vahidi estaba vigente desde que fue librada, el 9 de noviembre de 2006, y que la disposición de Capuchetti, reenviada a pedido de la UIF AMIA, pretendía reafirmar el pedido de detención, que estaba operativo.

Si bien Ahmad Vahidi solo estuvo en Pakistán el 14 de febrero, “la Cancillería advirtió del desplazamiento con anticipación”, dijo el ministerio a cargo de Cafiero por Twitter. Y agregó: “Incluso antes que se librara la orden judicial ya se había alertado a las autoridades locales sobre la visita y sobre la alerta roja que pesaba sobre él”. Se presentó una “nota verbal”.

Consultada la Cancillería sobre si luego de la salida de Vahidi del país se realizó alguna otra acción o efectuó algún reclamo ante las autoridades, mas allá de la “nota verbal”, explicó que “a comienzos de marzo” se envió una “nota de protesta diplomática al gobierno pakistaní (a través de la Embajada argentina, para que la hagan llegar a la cancillería de Pakistán) donde se les reiteró el nombre de todos los iraníesque están buscados por la Justicia”.

En esa misma nota, dijeron las fuentes, la Argentina expresó que “lamenta la falta de colaboración en relación con la solicitud que se le remitiera oportunamente relacionada con el esclarecimiento del atentado terrorista acaecido el 18 de julio de 1994 en contra de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (AMIA/DAIA), que costó la vida de 85 ciudadanos argentinos y cientos de heridos”.

Las fuentes consultadas explicaron que no podían aportar el documento con el texto de esa protesta por tratarse de un trámite confidencial.

El 11 de enero, otro prófugo por el ataque a la AMIA, el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, salió de su país, estuvo en la la reasunción de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y no fue preso. En esa ocasión la cancillería argentina envió días después una protesta formal, pero nadie hizo nada por detener a Rezai, ni Nicaragua, ni la Interpol.

A raíz de esta situación, el diputado Waldo Wolf presentó un pedido de juicio político contra Cafiero, que fue suscripto también por sus colegas Javier Milei, Adriana Ruarte, Pablo Torello, Francisco Sánchez, José Carlos Núñez, Ana Clara Romero, Gerardo Milman, Dina Rezinovsky, Fernando Iglesias, Laura Rodríguez Machado, Graciela Ocaña, Héctor Stefani, María Sotolano y Alejandro Finocchiaro.

Le reprochan no haber tenido una acción más vehemente ante el incumplimiento de la orden de captura internacional por parte de las autoridades de Pakistán.



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