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Ayotzinapa fue un «crimen de Estado», y los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad.
Esa fue la conclusión preliminar de la Comisión gubernamental mexicana para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2018 para tratar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, al sur del país, en el 2014.
«Que, en todo momento, las autoridades federales estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde la salida de la escuela Normal Isidro Burgos, hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas», declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano y titular de la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa
«Como institución participó Sedena, Marina y la policía federal, no se acreditó una acción de carácter institucional, pero si responsabilidades claras de elementos de esas instituciones», agregó.
El informe de la Secretaría de Gobernación incluye que, en la desaparición, colaboraron criminales del cártel Guerreros Unidos.
El pasado 29 de marzo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina estaban bajo investigación por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones.
El caso constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.
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