La huelga de los médicos y pediatras de Atención Primaria amenaza con perpetuarse en Madrid después de cinco semanas de paros. La estrategia del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de plantarse ante los médicos no atendiendo a ninguna de sus exigencias, que pasan fundamentalmente por un aumento del presupuesto que la región destina a Sanidad, deja en un punto muerto las negociaciones. La negativa a destinar más dinero a la Atención Primaria a pesar de que Madrid es la región que menos cantidad dedica a este fin, contrasta con las sucesivas rebajas de impuestos que Ayuso ha aprobado durante su mandato, por las que ha dejado de recaudar cerca de 600 millones de euros.
Después de una tregua de la huelga durante las navidades, los sanitarios y la Consejería de Sanidad volvieron a sentarse hace una semana para avanzar en las negociaciones, pero el encuentro terminó de nuevo sin acuerdo. Los médicos y pediatras han vuelto a los paros, piden mejores condiciones salariales y acabar con la sobrecarga de trabajo con un “plan de choque” de mejora del servicio que han cifrado en 42 millones de euros. Mientras la respuesta a los médicos es una negativa a aumentar la partida para Sanidad, el Gobierno regional ha dejado de recaudar cada año cientos de millones con las últimas rebajas de impuestos aprobadas durante el mandato de Ayuso.
La última se aprobó hace apenas dos meses. La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, dio luz verde a principios de noviembre a la deflactación de la tarifa y los mínimos exentos del IRPF en un 4,1% para todos los tramos de renta, que se aplicará ya a la declaración del ejercicio de 2022. La propuesta, impulsada por el Gobierno regional, buscaba oficialmente paliar los efectos de la inflación, pero la realidad es que beneficia principalmente a las rentas más altas. Según los propios cálculos del Ejecutivo madrileño, la administración dejará de recaudar este año 200 millones de euros por esta medida. Madrid, a diferencia de lo que hizo Galicia o Murcia, que también han aprobado deflactaciones para rentas de máximo 60.000 euros, lo ha hecho sobre todas las rentas, también las más altas.
Esta reducción del IRPF se suma a otra rebaja del mismo impuesto aprobada hace un año. Entonces tampoco hubo sorpresas: el impacto de esta norma, que rebaja medio punto más el tramo autonómico, beneficia a las rentas más altas. Quien más gana, más ha ahorrado. Quien menos, nota muy levemente la medida. Esta bajada impositiva generalizada de medio punto para todas las rentas se produjo pese a que la Comunidad de Madrid ya tenía el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias, que aplica la excepción insular, del 9%). La propuesta pasó por rebajar otro 0,5% del tramo regional a todas las rentas, por lo que quedó en el 8,5%.
El beneficio de las rentas más altas
Para una renta de 12.000 euros, el ahorro mensual ha supuesto 2,7 euros al mes, 33 anuales. Para el sueldo medio, 24.000 euros, la rebaja impositiva que propone Ayuso ascendió a 7,7 euros mensuales, 93 euros anuales. El llamado “ahorro” que defiende Ayuso “para todos” ha beneficiado realmente a las rentas más altas. Es el caso de un salario de 90.000 euros –la candidata del PP cobra 103.000 como presidenta–, el ahorro anual asciende a 423 euros. Y así progresivamente, para una renta de 240.000 euros, el montante es de 1.173 euros. Por este impuesto, la administración regional deja de recaudar 337 millones de euros cada año, según sus propios cálculos.
A estos más de 500 millones de euros en impuestos que Ayuso ha dejado de recaudar durante los últimos dos años, hay que sumar otros 48,3 millones por nuevas deducciones al impuesto de sucesiones que entre cónyuges y de padres a hijos ya está bonificado al 99% en Madrid. La Asamblea autonómica, a propuesta del gobierno del PP, aprobó en otoño la ley que amplía hasta el 25% la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, que hasta ahora se situaba entre hermanos en el 15%, y entre tíos y sobrinos en el 10%. Según los cálculos del Gobierno regional, la merma a las arcas públicas será de 48,3 millones, para una medida que se beneficiarán 11.500 madrileños, es decir, el 0,16% de la población de las 6.779.888 personas censadas en la Comunidad de Madrid.
A estas rebajas hay que sumar la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio aprobada en 2008 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y que merma la recaudación pública en casi 1.000 millones de euros. Los últimos datos estadísticos publicados por la Agencia Tributaria constatan los efectos que esta política fiscal tiene sobre las clases más privilegiadas. Durante 2020, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso libró de pagar 992 millones de euros a 18.225 contribuyentes que declararon patrimonios millonarios. La bonificación alcanzó, de media, los 54.431 euros, según las cifras oficiales.
Ahora, con el impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico tiene la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero no solo. Ayuso anunciaba la semana pasada un nuevo incentivo fiscal para inversores extranjeros que actuará como “contrapeso” a este impuesto estatal y que consistirá en una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico para, por ejemplo, la compra de vivienda.
“Si un joven español tuvo que emigrar en la crisis de 2012, quiere volver a casa, se instala en Madrid con su familia, e invierte sus ahorros en comprarse una vivienda aquí por valor de 300.000 euros, va a tener un ahorro fiscal de 60.000 euros en su impuesto sobre la renta, que podrá repartir a lo largo de 6 años”, puso como ejemplo la presidente madrileña. Un beneficio por la compra de vivienda al que no se podrá beneficiar alguien que ya resida en Madrid.
Madrid, la que menos destina a Sanidad y servicios sociales
“Madrid es la región más rica”, repite constantemente Ayuso en cada intervención pública para defender estas rebajas impositivas. Algo que no dice es que la comunidad es también la que menos destina a Sanidad. La región está a la cola de inversión por habitante en Sanidad, con 1.171 euros por persona. La media nacional se sitúa en 1.478 euros. A Atención Primaria destina el 10% del presupuesto sanitario, frente al 15% de la media nacional y lejos del 25% que recomienda la OMS.
Las sucesivas bajadas de impuestos en Madrid de los últimos 18 años han supuesto 60.777 millones de euros menos para las arcas públicas. Mientras, en estos años, la inversión en materias troncales del estado del bienestar como la educación o la sanidad en la región no han estado a la cabeza del conjunto de España. Más bien todo lo contrario.
Los médicos de familia y pediatras iban el pasado 21 de noviembre a la huelga ante la sobrecarga de trabajo y las condiciones laborales, unos paros que cumplen cinco semanas tras el paro de las navidades, ante la negativa del Gobierno regional a negociar. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acusaba a los médicos de buscar una subida retributiva lineal para todos los médicos de Atención Primaria. Pero la realidad es que el Gobierno de Ayuso se comprometió a esa subida en 2020 con la mesa sectorial en la que hay representados cinco sindicatos y ha incumplido todos los acuerdos alcanzados entonces.
En esa negociación se llegó a un acuerdo por el que se equipararía el salario de los médicos de urgencias y de Atención Primaria con un aumento salarial de 479 euros brutos al mes, lo que supone un incremento anual de 5.757 euros. La medida se ha incumplido y es una de las que ahora exigen los médicos en la mesa de negociación como un incentivo también para retener a los médicos MIR que terminan la residencia. Los sanitarios recuerdan que Madrid es la región que peor paga a sus médicos de Atención Primaria pese a tener un coste de vida más elevado, principalmente, por el precio de la vivienda.
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Aunque Ayuso repite que “no hay médicos” y reclama más facultades de Medicina, la administración no es capaz de retener a los médicos residentes a pesar de que la mayoría de ellos que afrontan su MIR optan por hacerlo en Madrid, según los propios datos de la Consejería. En junio de este año, la Gerencia de Atención Primaria convocó a 338 médicos de familia que habían terminado su especialidad, para repartir 197 plazas. El fracaso fue mayúsculo: solo logró cubrir 59. Y con pediatría ocurrió algo similar: de 26 plazas, completaron cinco.
Los médicos cifran en unos 30 millones de euros este incremento salarial al que se comprometió Ayuso y que no ha cumplido. Una cantidad que el Gobierno regional defiende que no puede asumir, mientras perdona cada año cientos de millones en impuestos y sigue anunciando nuevas rebajas fiscales.
