Ningún organismo internacional quiso este lunes defender tajantemente que la detención del periodista bielorruso tras el aterrizaje forzoso del avión contravenga las normas. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de la ONU, se acercó a ese mensaje al asegurar que “el aparente aterrizaje forzoso podría contravenir la Convención de Chicago”. Esta disposición, sellada en 1944, contiene diferentes artículos que contemplan incidentes de seguridad de un modo genérico, aunque estos “están sujetos a interpretación”, según un portavoz de la aviación civil belga. El artículo 3, por ejemplo, establece que “en caso de interceptación, no debe ponerse en peligro la vida de los ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de estas”. El artículo 4, añade que no se podrá emplear la aviación civil para propósitos “incompatibles” con los fines del propio convenio.

La regla general se presta, pese a todo, a distintas interpretaciones. El portavoz belga asegura que, con las normas en la mano, “el avión se considera territorio del país de aterrizaje desde el momento en que se abren las puertas según el Tratado de La Haya de 1970”. Esa afirmación permitiría avalar —al menos con las reglas internacionales de aviación— la actuación de las fuerzas bielorrusas al detener al periodista una vez aterrizado en Minsk.

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Otros expertos discrepan. Para un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, experto en fronteras, se trata de un caso claro de “piratería aérea”, y además doble. Primero porque no se puede desviar un avión más que por causa de fuerza mayor (los bielorrusos han esgrimido un supuesto aviso de atentado por parte del grupo palestino Hamás); segundo, porque el avión es un territorio inviolable que pertenece al Estado que lo matricula, explica. En este caso, según datos de la agencia europea Eurocontrol, se trata de un avión registrado en Polonia, país de la UE. “Ahí no puede entrar nadie, y menos para proceder a una detención”, asegura el mando experto en fronteras, que pide anonimato. El detenido es además una persona con domicilio conocido en Lituania (donde ha recibido asilo), añade, por lo que se deberían haber seguido los protocolos habituales de intercambio de información y de solicitud de extradiciones. “En toda regla han cometido un delito contra la seguridad aérea”, asegura este experto.

Cualquier conclusión, en todo caso, depende de los detalles sobre el incidente que se van conociendo con cuentagotas, y de forma poco fiable. Se desconoce aún si las fuerzas de seguridad bielorrusas entraron en el avión o fueron los pasajeros los que bajaron de la aeronave. También si el disidente fue detenido en el interior del aparato o a pie de pista. El régimen de Aleksandr Lukashenko, además, está alimentando las dudas sobre cómo se produjo la interceptación en el aire; si la aeronave fue forzada a aterrizar en Minsk o recibió una mera sugerencia su comandante, tal y como aseguran las autoridades bielorrusas.

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