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Una vez que los accionistas han dado su respaldo aplastante (93,3% de la Junta a favor) al traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos y a la espera de que, salvo sorpresas, nos encontremos a la compañía cotizando en Wall Street antes de fin de año, conviene extraer las lecciones de un caso económica, política y mediáticamente muy ruidoso.

1.- Elegir bien el momento

Es la primera gran lección de este caso. Para empezar, como señala un experto, “no ha sido el mejor momento” para que la empresa tome una decisión de este tipo: “tal y como está el ahora político, con las elecciones cerca, las feroces críticas del Gobierno a los empresarios y siendo además una empresa cotizada…”. Estas fuentes resaltan que en un caso de este tipo, la empresa debe siempre realizar un análisis de riesgos y oportunidades, y entre los primeros está elegir el momentum más favorable. Incluso hay quien señala que teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio de Gobierno antes de fin de año no hubiera sido descabellado esperar a 2024, donde podría existir, en caso de vuelco electoral, un Ejecutivo más receptivo a las sensibilidades empresariales.

Al estar en pleno proceso electoral o multielectoral Ferrovial se ha visto sometida al vapuleo de ambos polos políticos. Desde el Gobierno para intentar sacar provecho ante su electorado y ante el de su socio. Desde la oposición para cargar contra el Ejecutivo también por interés electoral.

2.- Respetar los tiempos del poder

Esta segunda lección surge más bien de una duda. ¿Debería la empresa haber comunicado con más antelación su decisión al Gobierno? ¿Debería, incluso, haberla consensuado? Una de las críticas que se han realizado a Ferrovial procede de que comunicó su marcha al máximo nivel del Ejecutivo (presidente y vicepresidenta económica) apenas unas horas antes de hacerla pública, lo que no dejó margen de reacción ni siquiera de digestión a Moncloa. No podemos saber hasta qué punto contribuyó esto al enconamiento posterior. Sabemos que, de forma ciertamente inaudita, el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó por su nombre a Rafael del Pino apenas 48 horas después de anunciarse el adiós y le acusó de no ser un empresario “comprometido”.

La respuesta a la duda por tanto no está clara. “La cuestión es que también puede haber un problema de falta de confianza de la empresa en el Ejecutivo actual”, señalan en el mercado. ¿Qué hubiera pasado si a un Gobierno que no ha titubeado en atacar con nombres y apellidos a los principales empresarios le anticipas que te marchas de España?

3.- La comunicación importa

Es un punto en el que existe un claro consenso. La comunicación de la empresa, sobre todo en los momentos iniciales, no estuvo tan acertada como cabía esperar. “Fue muy fría inicialmente”, explican desde una gran agencia especializada. En realidad, la propuesta de cambiar la sede a Países Bajos llegó a los medios y por tanto al público a través de un hecho relevante en la Comisión de Valores (CNMV), el regulador del mercado. Desde el primer momento se tuvo la sensación de que la compañía no tenía trazada una comunicación contundente y específica y había minusvalorado el impacto de su decisión.

El caso es que no tomó cartas seriamente en el asunto hasta pasados unos días, mientras que el Gobierno llevaba ya tiempo atacando, con toda la artillería y desde todos los frentes (personal, empresarial, tributario, político…), a Ferrovial y a su presidente. Tras reaccionar y acudir a explicar su posición a los medios, la compañía logró que muchos creadores de opinión se posicionaran, si no totalmente a su favor, sí en contra de la reacción del Gobierno.

4.- Seleccionar con cuidado las palabras

En los primeros momentos de la comunicación, Ferrovial deslizó la idea de que trasladaba la sede a Países Bajos porque era un entorno con mayor seguridad jurídica. Para muchos, fue un error de manual porque tenía dos lecturas peligrosas: España tiene menos seguridad jurídica (una idea ante la que el Gobierno no podía permanecer impasible) y la decisión tiene que ver con el hostigamiento al que se ha sometido a la clase empresarial (lo que también era inaceptable por el riesgo de que se produjese un efecto llamada entre las compañías). De hecho, la posterior rectificación de la compañía, matizando que España tiene una seguridad jurídica homologable a la de los principales países europeos, fue rápidamente celebrada por la vicepresidenta Nadia Calviño en lo que de momento es su única victoria en esta crisis.

“Otra cosa”, subraya un experto, “hubiera sido hablar de certeza jurídica, que tiene más que ver con la estabilidad del marco legal, pero la seguridad jurídica de España esta garantizada por Europa”. Como señala el economista Miguel Ángel Bernal, “no se puede cambiar o tener un marco jurídico cambiante”.

5.- Atacar a las empresas no sale gratis

Esta es una lección de la que debería tomar nota el Gobierno. En primer lugar porque la marcha de Ferrovial podía haber servido de arrastre a algunas compañías que se sientan atacadas por el Gobierno, o incluso para algunas a las que no les guste el clima generado por algunos miembros del Ejecutivo contra los grandes empresarios. Recordemos que al presidente de Mercadona, Juan Roig, le tacharon de “capitalista despiadado”; al de Inditex, Amancio Ortega, de “evasor fiscal”; el presidente del Gobierno calificó de empresario “poco comprometido” a Rafael del Pino… Ferrovial, como recordaba su presidente, enmarca la operación “en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea”. No era un comentario al azar. Era una salva dirigida al propio Sánchez: España asume el 1 de julio, por quinta vez, la presidencia del Consejo de la Unión Europea. “¿Cómo piensan en Moncloa que sientan en Bruselas los ataques a Ferrovial?”, se preguntan fuentes empresariales.

6.- No utilizar a las instituciones en vano

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Desde casi los primeros minutos del caso, el Gobierno esgrimió todo tipo de argumentos para atacar la decisión de Ferrovial. Citó el escudo antiopas, algo desacreditado por los expertos porque la operación, sencillamente, no es una opa; insinuó que había motivaciones de interés personal y fiscal de las que hasta ahora no se sabe nada… pero, con todo, lo más preocupante fue invocar a la Agencia Tributaria. Primero se deslizó que la Agencia podía tomar cartas en el asunto y posteriormente (hasta el mismo jueves de la junta) que analizaría si la empresa podía acogerse a las ventajas fiscales del régimen de fusiones del impuesto de Sociedades. En la carta del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, el primero justificaba que los accionistas debían votar conociendo “sus posibles riesgos o contingencias”.

En el mundo económico, esto se interpretó no solo como una amenaza velada, sino como que el Gobierno no iba a dudar en usar la Agencia Tributaria para tratar de torpedear la operación. El problema es que el desenlace de la actuación, si se lleva a cabo, de la Agencia, se conocerá en uno o dos años. Pero lo grave es que deja en la sociedad el poso de que las instituciones pueden usarse en función de intereses políticos, algo muy serio en democracia. Como se encargó de señalar con rapidez el propio Madridejos: “la secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos”.

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