Ciencia, las dudas de un ministerio amputado | Ciencia

La ciencia española lleva más de una década sumida en una crisis que parece no tener final. El sistema de investigación pública ha perdido más de 20.000 millones de euros desde 2009. Aunque la recuperación económica llegó hace años, los laboratorios apenas han sentido las mejoras. La inversión pública en ciencia está estancada en niveles similares a los de 2012, en gran parte debido a la inestabilidad política y la incapacidad para aprobar nuevos presupuestos.

Entre toda esta oscuridad, la comunidad científica vio cumplida en verano de 2018 una de sus reivindicaciones históricas con el nombramiento de Pedro Duque al frente de un ministerio que aunaba las competencias de ciencia, innovación y universidades, tres áreas que considera inseparables. El nuevo Gobierno que perfila Pedro Sánchez les arranca ahora esa conquista para crear un Ministerio de Universidades asignado al sociólogo Manuel Castells, una decisión que ha conseguido un rechazo unánime de científicos, rectores y los líderes en innovación.

“Estas competencias no pueden separarse, hacerlo puede ocasionar una pelea entre estos dos ministerios por unos recursos ya de por sí escasos”, denuncia la física Perla Wahnón, presidenta de las sociedades científicas de España (Cosce). “Además es una decisión contraria a lo que vemos en las principales potencias europeas, en el propio ejecutivo de la UE y que resta peso político a la ciencia en el Consejo de Ministros”, añade Wahnón. “Es una mala noticia para España”, sentencian en un comunicado conjunto enviado el pasado viernes la Cosce, los rectores de universidades públicas, las asociaciones científico-médicas y los centros y unidades Severo Ochoa, la élite de la investigación científica en España.

La clave está ahora en la estructura detallada del nuevo Gobierno, que definirá cuántas competencias y presupuesto pierde el ministerio de Duque en favor de Universidades. “La separación de universidades y ciencia no es el modelo más recomendable, pero tampoco es algo nuevo”, explica Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec. “Estas competencias han estado separadas durante 14 de los últimos 20 años, primero en el Gobierno de Aznar, luego en el de Zapatero y desde 2012 en el de Rajoy”, resalta. De lo que no hay precedentes es de un ministerio de universidades separado de educación y de ciencia, añade, debido posiblemente a que la mayoría de las competencias universitarias están transferidas a las comunidades autónomas y hay muy poco que quede en manos del Estado.

En España en torno al 70% de la investigación científica la hacen las universidades, pero la financiación estatal que reciben para ello depende del Plan Nacional de I+D+i que gestiona el Ministerio de Ciencia y que se otorga en base a un concurso competitivo, de ahí los recelos de la comunidad investigadora ante posibles divisiones salomónicas de esos fondos. “Romper esta bolsa única para llevarse parte de este dinero a universidades sería una irresponsabilidad”, opina Barrero, que ve más factible darle a Castells un ministerio encargado de la formación a lo largo de la vida que gestione la Formación Profesional, actualmente adscrita a Educación, y los cursos de formación laboral que dependen de Trabajo.

Los retos de la legislatura que viene

“Dame 700 millones y te diré cuántos científicos pueden regresar a España”, declaraba Pedro Duque a EL PAÍS en noviembre de 2018, cuatro meses después de asumir su cargo. Aquello era un deseo imposible porque pacto presupuestario que habían alcanzado el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos apenas contemplaba subir los presupuestos de ciencia en 273 millones de euros. Aquel pacto nunca se materializó y los presupuestos siguen congelados y prorrogados, pero Duque sí puede decir que cumplió una de sus principales promesas: aprobar un paquete de medidas urgentes para la ciencia que acabó con la intervención previa, la traba burocrática que estaba asfixiando a los centros públicos de investigación hasta el extremo de que los científicos no podían ni comprar sillas.

En esta nueva legislatura, el principal problema volverá a ser el dinero. En 2018 la inversión en I+D subió un tímido 6% que se explica por la mayor inversión del sector privado. Los científicos piden ahora una contrapartida pública, pero sin volverse locos. Ni siquiera piden conseguir que España gaste el 2% del PIB en I+D+i, algo que la mayoría de partidos lleva en su programa, incluido Podemos, pero que los científicos y los expertos ven totalmente inviable en el corto lapso de cuatro años.

“Si en esta legislatura se consiguiese doblar el presupuesto del Plan Nacional, lo que supone un total de unos 350 millones de euros más, ya sería un gran logro”, resalta Luis Serrano, presidente de Somma.

Ese programa es el pan y la sal para la inmensa mayoría de científicos de España y nutre especialmente a las clases medias de la investigación, aquellas que no tienen los recursos ni el capital humano para manejar grandes proyectos, pero que componen la masa crítica del sistema de I+D+i público. Este colectivo afronta en esta legislatura dos años de recortes de hasta un 20% debido al nuevo calendario de convocatorias impulsado por el Ministerio de Duque y que ha soliviantado a la comunidad científica, especialmente a los investigadores en cáncer agrupados en la asociación ASEICA. “Nuestra postura es de esperar y ver”, explica Xosé Bustelo, presidente de esta organización. “El ministro hasta ahora ha hablado más de lo que ha hecho. Esperemos que en esta legislatura se ponga las pilas para solventar los problemas pendientes que tiene nuestro sufrido sistema de I+D+i”, añade.

«Aún queda casi todo por hacer», opina Pablo Jiménez, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores. «El sistema de I+D está desmembrado y necesita una inyección de dinero importante», resalta.

A pesar de las medidas contra la burocracia aprobadas por Duque aún quedan muchas presentes. Una de ellas, explica Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad de Oncología Médica, es que con la normativa actual los grupos cooperativos como los centros de investigación en red de cáncer, dolencias cardiovasculares o respiratorias, entre otros, no son “sujetos tributarios financiables, lo que les impide concurrir a convocatorias de fondos públicos”, destaca. “Otro objetivo para el nuevo mandato de Duque debe ser crear una partida específica para realizar ensayos clínicos independientes que, por sus objetivos, no resultan rentables para la industria farmacéutica pero que pueden aportar grandes beneficios a los pacientes y a la comunidad biomédica”, explica. Se trata, por ejemplo, de estudios diseñados para reutilizar fármacos ya aprobados y sin patente o hacer estudios que permitan evitar que pacientes de cáncer ya curados tengan que pasar por el protocolo habitual y recibir un año de tratamiento adicional.