Congresistas estadounidenses rechazan reformas que retiran a jueces mayores de 60 años

Norma Torres, congresista estadounidense que ha condenado en varias ocasiones las decisiones del Gobierno central y la Asamblea Legislativa se pronunció ante la aprobación de un decreto que permitirá una purga al interior del Órgano Judicial. 

La Asamblea reformó dos leyes que les permiten quitar inmediatamente jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, hacer traslados y darle poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte y Fiscalía, instituciones controladas por el Ejecutivo. Sin embargo, la medida no afectaría a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del Estado de derecho, la independencia del poder judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora estadounidense de origen guatemalteco.

Torres advirtió que El Salvador está colocándose del lado de los gobiernos no democráticos de la región. “Estos ataques a instituciones y principios democráticos amenazan los derechos humanos y ponen al país en un curso de colisión con las democracias regionales”, señaló.

“El gobierno de El Salvador debe respetar sus propias constituciones y democracia”, concluyó la congresista. 

El congresista demócrata Jim McGovern también rechazó la reforma por ser un intento del gobierno de Nayib Bukele de “consolidar su marca de autoritarismo”, así como “destripar la independencia judicial” en El Salvador.

“Condeno la nueva ley inconstitucional en El Salvador que hace una purga de todos los jueces mayores de 60 años”, dijo McGovern en su red social.

Ayer, magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz de El Salvador se concentraron en el Centro Judicial Isidro Menéndez para acuerpar el pronunciamiento de la Mesa Judicial que rechaza el decreto de la Asamblea Legislativa en el que se reforma la Ley de la Carrera Judicial.

Los jueces anunciaron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para restitiur el Estado Constitucional y democrático de derecho afectado gravemente por el decreto de la Asamblea Legislativa.