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La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) considera que el documento de contrarreforma laboral presentado por el Ministerio de Trabajo a las organizaciones estatales representativas, CEOE y CEPYME, no es ni siquiera la base para una posible negociación, puesto que contiene elementos alejados de la realidad, contrarios a las recomendaciones de la UE, marcadamente intervencionistas y que corresponden a una visión ideológica populista que haría un daño irreversible, especialmente en territorios como Extremadura.
Según la CREEX, no se puede partir de presupuestos como la demonización del empresariado, que es al fin y al cabo el que crea empleo y desarrollo y sostiene el Estado del Bienestar, poniéndolo bajo sospecha ante la sociedad, o la desarticulación de la negociación colectiva, que ahora es factor clave para la configuración de relaciones en el mercado laboral.
Se trata pues de una propuesta sin base alguna en la situación real del tejido productivo y que quita a empresariado y representantes de los trabajadores competencias para decidir en el ámbito en el que están legitimados para ello.
Asimismo, se considera llamativo que con la excusa de ‘modernizar el mercado laboral’ lo que pretenda impulsarse sea una regresión, una involución hacia una economía dirigida, todo lo contrario de lo que marca una realidad globalizada y de mercados abiertos, que supondría una caída de competitividad brutal, con las evidentes consecuencias en empleo y viabilidad de empresas.
En el caso extremeño, además, implicaría un lastre añadido, puesto que la prohibición ‘de facto’ de la contratación temporal (que de manera sesgada el documento del Ministerio identifica con precariedad, cargando contra el empresariado) impactaría de lleno en actividades como la agrícola, la ganadera, la turística, el sector servicios o la construcción, donde el contrato fijo discontinuo es inviable por la propia naturaleza de la actividad.
Igualmente, esta prohibición sería una barrera de entrada al mercado laboral especialmente para las personas con menor cualificación y los jóvenes, que constituyen en nuestra región los colectivos con mayor tasa de paro, agravando así el problema del desempleo.
Para las microempresas y autónomos, la extrema limitación a este tipo de contratos supondría, ni más ni menos, que abocarlas al cierre.
Si se quieren establecer normas para evitar abusos que a todos perjudican, especialmente a los empresarios que cumplen la ley, hágase, pero desde el conocimiento de la realidad y no desde fantasías dogmáticas, concluye CREEX.
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