“El perseguido no cometió ningún crimen contra la paz, ningún crimen de guerra, ni contra la humanidad. Ni ha prestado ningún apoyo a la tiranía nacional socialista, ni ha combatido contra el régimen de libertad y de democracia”. Este texto forma parte de la declaración jurada que escribió la familia de Antonio Berjaga, nacido en Orcera (Jaén) y fallecido en 1941 a los 27 años en los campos de exterminio de Mauthausen, entre la numerosa documentación que le exigían las autoridades alemanas para que pudiera optar al cobro de una pensión como reparación por su muerte.

Fue la madre del represaliado, Donatila Nieto, que era analfabeta y no hablaba alemán, quien luchó durante una década, superando todas las adversidades, para que el 14 de julio de 1966 se le reconociera una pensión de 147 marcos al mes. Al cambio, eran 2.058 pesetas de la época (unos 12 euros). Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en España en 1963 era de 1.800 pesetas al mes. Sergio Rodríguez Tauste, bisnieto de la mujer, ha culminado ahora una ardua investigación que pone de relieve la complicidad del régimen franquista con el nazismo, pero al mismo tiempo la valentía de muchas autoridades locales que se jugaron la vida falseando informes que hicieron posible el cobro de la indemnización por las víctimas de estos campos de exterminio. El BOE del 9 de agosto de 2019 publicó el listado de los 4.427 españoles asesinados en los campos de Mauthausen-Gusen (Austria).

“Me parece muy dudoso el poder conseguir para usted una decisión favorable, ya que usted tiene todavía ocho hijos en vida, dos de ellos solteros”, se decía en uno de los muchos escritos que Donatila Nieto recibía desde la Federación Española de Deportados e Internados Políticos Víctimas del Fascismo, fundada en 1945 con la finalidad de exigir al Estado alemán las pensiones por su responsabilidad en los hechos. La federación cobraba a los familiares el 12% de la pensión en concepto de comisión.

Las ruinas del cortijo de la familia de Antonio Berjaga en la aldea de Linarejos, en Orcera (Jaén).
Las ruinas del cortijo de la familia de Antonio Berjaga en la aldea de Linarejos, en Orcera (Jaén).

“El padre de Antonio murió muy pronto, justo al principio de todos los trámites, por lo que tuvo que ser su mujer, Donatila, que era analfabeta, la que se buscara la vida con unos señores que le escribían desde Alemania”, rememora el historiador Sergio Rodríguez, que ha indagado durante mucho tiempo en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y en los archivos del Ministerio de Antiguos Combatientes y Víctimas de Guerra de Alemania y también el Memorial KZ- Gedenkstätte de Mauthausen-Gusen, en Austria, donde se conserva el expediente de Antonio Berjaga.

No fue nada fácil para una mujer que con 68 años perdió a su marido y tuvo que enfrenarse sola al laberinto burocrático para lograr la pensión por la muerte de su hijo. El escritor Emilio de la Cruz explica en el libro El tío Gil y la hermana Donatila (Diputación de Jaén, 1991) que el arrojo de esta mujer, en plena dictadura franquista, se debió a su “agudeza crítica intacta y humilde al tiempo, con una modestia producto de un largo calvario de tiranías y paradójico cosmopolitismo”. Donatila firmaba con el dedo y siempre llevaba anotado en un papel su nombre completo y su fecha y lugar de nacimiento, por si hacía falta.

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Con todo, Rodríguez destaca que, frente a las complicidades con el nazismo del aparato franquista, también emergió la generosidad de algunos funcionarios locales. Es el caso de Manuel Montalvo, el empleado municipal que ayudaba con los trámites a Donatila Nieto, o el mismo alcalde de Orcera a mediados del siglo pasado, Adriano Bellón Ruiz, que no tuvo reparo alguno en sortear el control del régimen y aportar los certificados necesarios para que la familia de su paisano cobrase la pensión. “No fue nada fácil, le pusieron numerosas pegas e incluso le cuestionaron que necesitara la pensión, porque Donatila tenía nueve hijos [otros dos, Antonio y Aurora, ya habían fallecido]”, señala Rodríguez.

Documento de la concesión de la pensión a Antonio Berjaga.
Documento de la concesión de la pensión a Antonio Berjaga.

Donatila Nieto tuvo que esperar hasta 1966 para lograr el resarcimiento económico por la muerte de su hijo. 11 años después, falleció ella a la edad de 87. De los hermanos de Antonio Berjaga tan solo viven Herminia y Francisca, nonagenarias y usuarias ambas de la Residencia de Personas Mayores Peñalta de Orcera. “Apenas recuerdan nada del horror vivido por su hermano, pero de todas formas este siempre ha sido un tema tabú en la familia, sobre todo mientras duró la dictadura”, asegura Sergio Rodríguez, que es nieto de Herminia Berjaga. Ella fue la que le dio una moneda de plata de 50 céntimos que Antonio regaló a cada uno de sus hermanos, antes de abandonar la aldea de Linarejos (donde vivía la familia).

Antonio Berjaga, el preso 3.890 del campo de Mauthausen-Gusen, fue movilizado por el Ejército para hacer el servicio militar y conducido al frente para conocer los horrores de la guerra y terminó con 26 años en un tren de ganado rumbo a un campo de exterminio del que ya no volvería y en el que logró sobrevivir menos de un año. Su memoria ha sido novelada ahora en el libro Recuerdos mutilados (Círculo Rojo, 2022), de Manuel Martínez Moreno.

Tras la Guerra Civil, había cruzado la frontera como tantos españoles, civiles y antiguos soldados, y llegado a Angulema (Francia). Los exiliados españoles no fueron especialmente bien recibidos en un contexto marcado por la beligerancia europea previa al estallido de la II Guerra Mundial y la más que previsible ocupación alemana de Francia, por lo que, como otros muchos españoles, terminó en el campo de concentración de Les Alliers (Francia).

El Convoy de los 927

El 20 de agosto de 1940, muy poco después de la firma por Francia del armisticio del 22 de junio de 1940 con la Alemania nazi, partió desde Angulema un convoy, con los españoles refugiados con destino al campo de concentración de Mauthausen-Gusen (Austria). Era el llamado Convoy de los 927, por el número de personas que lo compusieron. Se trató del primer envío de deportados con destino a los campos nazis. Antonio Berjaga Nieto era uno de esos 927 y una vez llegado a Mauthausen fue empleado como mano de obra esclava en las canteras de granito, subiendo bloques de granito de unos 30 kilos a sus espaldas a lo largo de unas interminables escaleras que conducían a la zona de carga de la cantera. “El objetivo del campo era eliminar a los recluidos por agotamiento y malnutrición”, asegura Sergio Rodríguez.

Se calcula que la Federación Española de Deportados e Internados Políticos Víctimas del Fascismo tramitó más de 7.000 reclamaciones de pensión de entre los familiares de las víctimas de Mauthausen. Esta federación fue creada por exiliados republicanos españoles que habían sobrevivido a los campos de exterminio nazis, o que habían padecido cautiverio durante la ocupación de Francia. Su primera sede se estableció en Toulouse, y su primera presidencia recayó en la figura de Francisco Largo Caballero, superviviente del campo de Sachsenhausen, que falleció un año después. De ese modo, Josep Ester i Borrás, exiliado de ideología libertaria que había recibido las más altas condecoraciones de los gobiernos francés, británico y estadounidense por su labor en la resistencia, sería el secretario general desde 1947 hasta 1980, fecha de su muerte. El cometido de esta federación era ayudar a los deportados, internados políticos y sus familias, y arrojar luz sobre todas las víctimas de Mauthausen.

“Han tenido que pasar 74 años para que el Gobierno de España reconozca la muerte de aquellos compatriotas de los que se desentendió; muchas de sus historias se van escribiendo, como la de Antonio Berjaga, pero otras muchas siguen permaneciendo en el anonimato y el olvido por la muerte de sus familiares más cercanos”, concluye el historiador Sergio Rodríguez, que es también cronista de Orcera (Jaén), el pueblo de donde partió Berjaga para no volver más.



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