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Carlos Gómez Palacios | Como consecuencia de la crisis pandémica, las distintas comunidades autónomas se vieron obligadas a tener que introducir medidas que garantizaran unas condiciones de salud en las aulas. Esto se traducía a tener que optar por una de las dos modalidades contempladas: o por la fórmula de la semipresencialidad, donde se conjugaba la educación presencial con la educación a distancia, o por la fórmula de la presencialidad, en la que se requería necesariamente un aumento de la contratación del profesorado para reducir las ratios y, así, garantizar la distancia física requerida en las aulas. Uno de los gobiernos autonómicos que se inclinó por esta segunda modalidad fue el gobierno de Canarias, decisión debida a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales y por la comunidad educativa.

Esta fórmula se ha mostrado ya en el tiempo que llevamos de curso, y como era de esperar, como la opción más adecuada para el alumnado y el profesorado por dos aspectos fundamentales e indisociables, que deberían llevar a que las fuerzas sindicales y sociales lucharan por revertir lo antes posible la semipresencialidad allí donde se ha impuesto para no prolongarse las desigualdades que irremediablemente van a desarrollarse en caso de que se desarrolle así el curso: (i) un mayor aprendizaje y desarrollo pedagógico garantizado por la presencia del alumnado en las aulas y la paralela reducción -que no siempre- de las ratios que favorece una mayor atención docente, y (ii) la garantía de los derechos laborales de los docentes al evitarse la sobrecarga de trabajo que la semipresencialidad hace caer sobre el profesorado, teniendo en la práctica que doblar grupos, y, en consecuencia, multiplicar su trabajo, reduciéndose, con ello, la calidad pedagógica. No obstante, y a pesar de esto, la Consejería de Educación del gobierno de Canarias ha optado por una fórmula -el profesorado de “refuerzo Covid” tanto para los centros de Infantil y Primaria como en los IES- que busca ocultar los déficits estructurales que padece orgánicamente la educación pública canaria.

La consejera Manuela Armas, pretendiendo desempeñar una astuta maniobra al intentar aprovechar esta necesidad de contratación que la crisis de la Covid hacía necesaria para incluir bajo un mismo paraguas a todo el profesorado estructuralmente necesario, está viendo cómo esta ruin maniobra no le está saliendo como esperaba al revelarse la naturaleza de estas contrataciones. Tanto sindicatos de educación como el personal docente interino afectado que se ha organizado están denunciando la situación de precariedad y carente de recursos de la educación pública canaria, consecuencia de las políticas neoliberales desarrolladas desde hace décadas y cuyo actual gobierno parece ser continuador.

Las elevadas ratios docentes de alumnado por aula y la situación de precariedad del personal docente (existen 170.000 interinas e interinos, casi 1/3 del personal docente no universitario) son una realidad que atraviesa al conjunto de la educación pública del Estado español. La recientemente aprobada Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como ley Celaá, no cambia ninguno de estos dos aspectos, lo que supone, más allá de la campaña propagandística de desgaste de la derecha española, una continuidad política e ideológica respecto al modelo educativo anterior. No cabe esperarse, por tanto, ningún cambio de modelo, sino de reformas sobre el mismo. Esta situación deficitaria, fruto de la reducción de recursos destinados a la educación pública en aras del proyecto neoliberal de favorecer los intereses privados, se halla profundizada en el Archipiélago Canario. Esto es lo que el actual Gobierno de Canarias por medio de su consejera en materia de educación, Manuela Armas, busca ocultar y, en consecuencia, perpetuar, menospreciando la educación pública y denostando los bienes públicos.

A finales del curso pasado en Canarias había 86 docentes por cada 1.000 alumnos, una de las peores tasas del Estado, donde la tasa asciende a 99,6, cifras que contrastan con las de Euskadi, que cuenta con 117,6, la cifra más alta. Sindicatos y colectivos como la Plataforma por el 5% en Educación calculan que las carencias estructurales del Archipiélago respecto a la medida estatal ascienden a 1.500 docentes. No obstante, y con motivo de la crisis pandémica, las necesidades calculadas ascendían a 2.500 docentes. Justo es esa -menos incluso- la cantidad de contrataciones que fue anunciada por el Gobierno de Canarias para hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia. Estos docentes son los que se han denominado “Contratos extraordinarios Covid”. La cifra concreta de estos contratos en la educación pública asciende a 2.272 docentes más 296 de centros concertados. Como vemos, si 1.500 corresponden al déficit de personal docente que existe en la educación pública canaria, y se ha contratado como “refuerzo” a 2.272 docentes, entonces la consejería ha cometido un fraude al considerar “refuerzo” a lo que es en realidad vacante. Con esta operación la consejería busca dos cosas: (i) invisibilizar la mediocre situación de la educación canaria, adjudicándose, además, una supuesta oferta docente excepcional; y (ii) precarizar al personal docente. Dicho de otra forma y de manera resumida: degradar a la educación pública aprovechando una pandemia.

El personal de refuerzo Covid ha sido contratado trimestralmente, primero hasta el 22 de diciembre. La intención de la Consejería fue en todo momento renovar a dicho personal en enero en caso de que la pandemia lo hiciese necesario, evitando el pago de las vacaciones de navidad y sumiendo en una situación de precariedad al personal docente. Esto se encuentra únicamente motivado por la reducción de derechos económicos y laborales, pues todos los informes científicos y sanitarios no han puesto en duda en ningún momento que la pandemia seguiría existiendo al menos hasta el verano de 2021, aunque se comience a vacunar en enero, en el mejor de los casos.

Los sindicatos de educación y el personal docente que se ha organizado (y que no ha dejado de presionar por medio de sus comunicados públicos, recogida de firmas en sus respectivos centros educativos y solicitando en vano reunirse con la Consejería) no han dejado de presionar a la Consejería por esta indecente situación a la que se ven sometidos los docentes canarios y la educación pública en su conjunto. Estas presiones han logrado que la consejera se viera obligada a renovar los contratos hasta el comienzo del tercer trimestre, lográndose el pago de las vacaciones de navidad y de Semana Santa. Pero quedan dos cuestiones cruciales que deben resolverse lo antes posible:

  1. La contratación
    hasta final del curso de manera inmediata de un personal que está
    de facto cumpliendo funciones estructurales, incluso asumiendo
    tutorías de equipos docentes. No es de recibo que la contratación
    se proceda trimestralmente, precarizando laboral y vitalmente a
    miles de docentes;

  2. El pago de los meses
    de verano, concediendo lo que ya existe en otras comunidades
    autónomas: el pago de las vacaciones de verano completas cuando se
    ha trabajado al menos cinco meses y medio.

Los presupuestos canarios contemplan ya este gasto, así que es preciso que se consuma lo antes posible lo que es inevitable: la contratación hasta el final de curso de esos 2.500 docentes, con los derechos económicos y laborales propios de su función profesional.

Esta lucha no nos sitúa ante un caso aislado, sino que pone sobre la mesa las carencias estructurales de la educación pública canaria, subvirtiendo, con ello, un agujero de gasto público y de insuficientes recursos destinados. Lo que está en juego es la educación pública y el cambio de modelo neoliberal dominante que no ha dejado de malograr un bien que no sólo es de todas y todos, sino que es garantía de una sociedad democrática.

Carlos Gómez Palacios es profesor de instituto en Canarias y militante de Anticapitalistas.



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