El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales nace sin dinero extra ni personal específico | Cultura

Los archivos de organizaciones obreras y estudiantiles antifranquistas, los de los primeros grupos conservacionistas y feministas en España, los documentos de los pioneros en la reivindicación de los derechos de los homosexuales o de los movimientos de objetores de conciencia contra el servicio militar… Todo ello podría tener cabida en el recién nacido Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, creado por el Ministerio de Cultura y que tendrá su sede en Alcalá de Henares (Madrid). Sin embargo, tras las luces de una supuesta medida estrella que quiere poner en marcha en unos meses el ministro Miquel Iceta, asociaciones del sector de los archiveros y documentalistas dudan de que el proyecto cuente con el dinero, medios y personal necesarios. Esta iniciativa la anunció el anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, en febrero de este año. Sin embargo, relevado este en julio, Iceta tomó el testigo y en octubre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto, publicado en el BOE del 12 de ese mes, con el que se pone en marcha el archivo.

El secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, destaca que “será el primer archivo nacional, en este caso dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, que registre los movimientos sociales desde el tardofranquismo, poco antes de la Transición, hasta comienzos de los ochenta, porque es la etapa en que afloran ese tipo de organizaciones”. La ley de patrimonio, de 1985, considera “patrimonio documental” a los documentos con más de 40 años. Los papeles que Cultura espera recibir pertenecerían a “entidades, fundaciones y colectivos que han participado en la transformación social y política de España tal y como la conocemos hoy”, añade Francos, quien por ahora prefiere no dar nombres de las organizaciones que ya se han dirigido al ministerio. El real decreto hace hincapié en recuperar el legado “del movimiento feminista” y de las asociaciones de consumidores.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y nuevo miembro de la Real Academia de la Historia —lee su discurso el 28 de este mes—, confía en que el proyecto genere “una inercia que lleve a aportar archivos personales y atraer donaciones”. Este historiador afirma que “la concentración de archivos genera sinergias y facilita la labor a los investigadores”, lo que en este caso puede ser “fundamental para entender las líneas de fractura que ocasionaron la crisis del franquismo, especialmente los obreros y los universitarios”, a través de sus huelgas, manifestaciones y protestas.

Henar Alonso, directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), que agrupa a unos 150 miembros, sostiene que la idea no les parece mala, “pero en el real decreto se han dejado aspectos importantes sin regular”. Su asociación, que defiende los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y de los derechos ciudadanos, reclama “una ley general de archivos que regule todos, los públicos y los privados, para definir cuestiones como su acceso, y no un real decreto”. Y se pregunta: “¿No habría sido mejor incorporar los nuevos documentos al Archivo General de la Administración (AGA) o al Archivo Histórico Nacional (AHN)? Lo acordado nos parece antitécnico, han ido muy deprisa”.

“Hermano pobre”

Alonso remarca además una cuestión fundamental para ellos. El real decreto establece que los gastos generados por este nuevo archivo “serán atendidos con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Deporte, sin que supongan incremento de gasto público”. “Así parece difícil pensar que sean posibles nuevas aportaciones documentales si no se contempla una inversión en nuevas infraestructuras”, añade. Lo corrobora la presidenta de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (Sedic), Yolanda de la Iglesia, que reúne a profesionales del sector público y privado que gestionan la información: “El problema es la falta de dotación económica. Los archivos que ya hay son el hermano pobre de la gestión de la información en la administración pública. Sin dinero es una propuesta que nos crea mucha incertidumbre”.

Además, “las referencias al personal que se ocupará de estas tareas son mínimas”, agrega Alonso, por lo que para la AEFP “hay mucha indefinición; se ha querido ser grandilocuente y colgarse la medalla de un nuevo centro, que estaría bien poniendo dinero, pero no a coste cero”. En la misma dirección apunta De la Iglesia: “Hay bastante precipitación en los planteamientos” y lamenta “que no haya habido mucha participación de los agentes” del sector en lo acordado por Cultura.

Otro pero que pone Alonso es el de los grupos incluidos en este archivo. “¿Por qué no están, por ejemplo, las asociaciones vecinales?”. En este sentido, Moradiellos subraya que “la urbanización acelerada de ciudades como Madrid o Barcelona creó una serie de problemas de higiene y salubridad que llevaron a este tipo de grupos a demandar mejoras”, con su consiguiente documentación. El historiador abre más el abanico: “Yo incluiría también a las organizaciones obreras católicas, que tuvieron una importancia transversal”.

Con los medios que hay hoy no merece la pena andar moviendo fondos de un archivo a otro

Asociación Archiveros en la Función Pública

Una de las organizaciones a las que podría atañer este archivo es la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que reúne agrupaciones sindicales anarquistas. Por correo electrónico, Sònia Turón, presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo, que custodia el archivo de esta organización, se pregunta si el Archivo no será “un cajón de sastre donde incluir todo movimiento colectivo que haya hecho algo a nivel social”. Turón defiende el archivo de la CNT que albergan —otra parte está en el Instituto de Historia Social, en Ámsterdam— y considera que trasladarlo a ese nuevo centro diluiría su peso.

Francos apunta que “la idea es que se hagan convenios con las diferentes entidades, para desarrollar un proceso que acabaría con la cesión de la documentación al Archivo. Queremos tener todo en el mismo sitio porque hay entidades con dificultades para custodiar y conservar su propia documentación”.

Edificio en Alcalá

Ese lugar será un edificio de la Universidad de Alcalá; en realidad se aprovechará el que ya contiene, desde hace más de una década, archivos del movimiento obrero, como los de las fundaciones Largo Caballero, Pablo Iglesias e Indalecio Prieto, que, sin embargo, contienen documentos desde comienzos del siglo XX, muy anteriores al franquismo. El rector del campus alcalaíno, José Vicente Saz, dice que esta institución aportará “el espacio y su mantenimiento” al Archivo y que Cultura tendrá que comunicarles primero qué documentación les llegará. “Después procederemos a valorar el estado del material, a organizarlo y que cada documento tenga una ficha para archivarlo. Así podrá ser un útil instrumento de investigación”, explica. Sin embargo, Henar Alonso advierte: “Ese edificio apenas tiene capacidad para albergar en sus depósitos nuevos ingresos documentales”.

Desde la AEFP se preguntan también “qué ocurrirá con la documentación sobre movimientos sociales que ya está en otros centros, ¿se van a trasladar al nuevo espacio, se harán copias…? Hoy, con los medios que hay, no merece la pena mover fondos, lo que se necesita es una web donde esté todo bien digitalizado y se pueda consultar”. Ambas asociaciones de archiveros muestran finalmente su inquietud por la cuestión de cómo se accederá a los nuevos fondos, porque “habrá muchos privados”. Para De la Iglesia, la medida anunciada desde el Ministerio de “firmar convenios con cada entidad o particular” no es lo más criticable del real decreto, “pero resultará una tarea muy laboriosa, con muchas cuestiones que negociar”. En cualquier caso, para Moradiellos lo primordial sería que “todos estos documentos se puedan preservar de la incuria del tiempo porque los destruye”.