La fiscal general, Dolores Delgado, durante una conferencia en el Ateneo de Madrid, el 20 de abril.
La fiscal general, Dolores Delgado, durante una conferencia en el Ateneo de Madrid, el 20 de abril.Jesús Hellín / Europa Press

La Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno ha dividido este jueves al Consejo Fiscal. El principal órgano asesor de la fiscal general ha aprobado por la mínima (seis votos a cinco) un informe favorable al anteproyecto, al que se ha opuesto el bloque conservador al completo. El voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para dar luz verde al texto, que prohíbe la exaltación del franquismo, declara nulos de pleno derecho todos los juicios sumarios de la dictadura y contempla la creación de una fiscalía especializada para investigar las violaciones de derechos humanos y la asunción por parte del Estado de la identificación de víctimas de este régimen enterradas en fosas.

El informe del Consejo Fiscal es preceptivo, aunque no vinculante, para la tramitación parlamentaria de la ley. El texto —aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros— ha salido adelante con los cuatro votos de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general y con los cinco en contra de la Asociación de Fiscales. El número dos de la Fiscalía General, Juan Ignacio Campos, no ha participado en la reunión.

La votación ha evidenciado la división entre el bloque progresista y el conservador, que ha cargado duramente contra la ley. Tras la votación, la Fiscalía General ha emitido un comunicado en el que defiende que la norma adapta al ordenamiento jurídico español “los compromisos y obligaciones internacionales” asumidos en esta materia. “El anteproyecto sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares”, sostiene el departamento que dirige Delgado.

La ley incorpora la figura de un fiscal de Sala (máxima categoría de la carrera) para coordinar el trabajo de justicia y reparación de las víctimas, una figura que ha creado discrepancias en el seno del Consejo Fiscal. Para el bloque mayoritario supone “una novedad y una oportunidad de mejora” en la especialización de la carrera que servirá para abordar “la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. “Permite la delegación del/de la fiscal general, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos”, señala el texto remitido por la Fiscalía General. En el otro extremo, los representantes de la Asociación de Fiscales aseguran que la creación de una Fiscalía de Sala “resulta absolutamente innecesaria”. Fuentes de este bloque añaden que el anteproyecto no deja claro si, en el marco de la ley, los fiscales tendrán un papel penal, de apoyo a las víctimas o de control de las actuaciones públicas.

Los cinco representantes de esta asociación en el Consejo Fiscal han emitido tras la reunión un duro comunicado en el que explican su rechazo al texto porque consideran que la redacción es “calculadamente ambigua y contradictoria”, “crea falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas” y “facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal”.

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La Asociación de Fiscales rechaza también la puerta que abre la ley a que la justicia investigue los delitos del franquismo a pesar de la Ley de Amnistía. Cuando presentó el anteproyecto, el Gobierno defendió que esa ley aprobada en la Transición exime de responsabilidad personal, pero no impide la investigación, que es lo que promueve la nueva norma. La Asociación de Fiscales considera, sin embargo, que esta posibilidad no cabe en el ordenamiento jurídico. “La sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones ―especialmente historiadores―, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial”, sostiene el bloque conservador.



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