El Estado ha recurrido la diligencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que facilitaba a la familia Franco la mudanza del pazo de Meirás y otorgaba a los herederos del dictador el plazo que solicitaban, un mes, para vaciar de objetos históricos la mansión. El nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, lo ha anunciado esta mañana como un “primer paso para lo que pueda venir de aquí en adelante”, con el “objetivo común de proteger un bien público, patrimonio del Estado”, la “línea en la que va a seguir trabajando”, ha dicho. La Abogacía del Estado argumenta que la decisión firmada hace una semana por la letrada de la Administración de Justicia le causa indefensión porque no conoce las condiciones en las que la empresa ya designada por los nietos del generalísimo pretenden llevarse los bienes muebles y es preciso supervisar la maniobra.

El recurso frena, al menos por unos días más, una mudanza que era inminente y da un nuevo margen a las administraciones para activar los mecanismos que pueden bloquearla. En esta carrera contra el reloj, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha conseguido un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para que la Xunta extienda la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) como “sitio histórico” de las Torres de Meirás también a su contenido.

El gabinete de abogados de los Franco ya anunció su intención de retirar todo aquello que había en diciembre en el palacete del municipio coruñés de Sada, cuando, por sentencia judicial, los herederos tuvieron que entregar las llaves al Estado. Entre los tesoros en juego están dos BIC: las estatuas románicas de la catedral de Santiago que representan a los profetas Isaac y Abraham y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. También hay numerosos muebles que ya engalanaban el lugar cuando la escritora lo habitaba, antes de pasar a manos del Jefe del Estado en plena Guerra Civil, el año 1938. Y diversos elementos identificados por Patrimonio Nacional como pertenecientes a las Colecciones Reales Españolas que fueron arribando para decorar el pazo durante la dictadura, cuando corría con todos los gastos del inmueble el propio Estado.

El Gobierno central quiere que se identifiquen los enseres que los Franco pueden cargar en camiones y que se fije un calendario de mudanza para que la operación se lleve a cabo bajo control. Miñones ha explicado que el recurso de reposición de la Abogacía del Estado pide que se den una serie de garantías, con la creación de una “comisión de seguimiento para establecer cómo, cuándo y qué exactamente” se sacará del pazo. El juzgado de A Coruña dio luz verde a los Franco para llevarse en un mes “las cosas, bienes y objetos que hay en el interior del inmueble” después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, en contra de la decisión de Primera Instancia, ordenase devolver el mobiliario a la familia al considerar que no formaba parte de la demanda del Estado para recuperar la titularidad de Meirás.

Al mismo tiempo, los tres grupos del Parlamento autonómico (PP, BNG y PSdeG) acordaron ayer que la Xunta extienda el manto de protección del pazo a los objetos que contiene (el inventario realizado en noviembre por técnicos de la Consellería de Cultura incluye 697 referencias). La iniciativa la tomó el BNG a través del diputado nacionalista Luis Bará, que defendió la “urgencia de incoar la declaración BIC de todos los bienes que se consideran imprescindibles para contar la historia” de esas torres que mandó edificar Pardo Bazán y que poseyeron los Franco durante más de 80 años. El fin del acuerdo, explicó Bará, es evitar el “desvalijamiento” y “saqueo” por parte de los nietos del dictador, aplicando “medidas cautelares” que protejan “todos los bienes de titularidad pública y los trasladados a Meirás como consecuencia del expolio sistemático perpetrado por Franco”.

Aunque el consejero de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, ya sugirió el fin de semana pasado que la tarea de luchar por los muebles de las colecciones reales le correspondía al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el BNG recuerda que la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento “compromete” al Gobierno gallego a ampliar el decreto del BIC. El acuerdo también exige a la Xunta que advierta a la familia de la “imposibilidad de sacar de Meirás” todo aquello que no sea “utensilio de uso estrictamente personal y privado”.

Hasta ahora, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo solo se había comprometido a proteger las esculturas de Isaac y Abraham (siglo XII), obra del taller del Maestro Mateo, y los aproximadamente 3.500 libros de Pardo Bazán que siguen en el inmueble. El consejero anunció el pasado sábado que para impedir la mudanza de estos elementos de valor incalculable la ley autonómica da a la Administración un plazo de tres meses, con lo que no podrían ser trasladados en el mes concedido a los Franco por el juzgado. Además, Román Rodríguez informó de que para blindar estos BIC la Xunta ha encargado informes a especialistas particulares y a tres órganos consultivos: la Real Academia Galega, la Academia Galega de Belas Artes y el Consello da Cultura Galega.



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