El hispanista Stanley Payne cree que el proyecto de ley de Memoria Histórica de Cantabria es «parcial y sectario»

Ve en el texto «los mismos defectos» que el que se tramita a nivel nacional y es un «fraude histórico» y una «violación de la Constitución»

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) –

El historiador e hispanista estadounidense Stanley George Payne rechaza el proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria ya que, a su juicio, presenta «los mismo defectos» que el texto que se está tramitando a nivel nacional y de otras comunidades que ya la han aprobado, tiene una orientación «parcial y sectaria», favorece el «adoctrinamiento sesgado», y supone un «fraude histórico y una «violación de la Constitución Española».

Así lo ha indicado en un texto que ha elaborado y que ha sido leído este miércoles en el Parlamento de Cantabria por parte del profesor Jesús Palacio, al cual el hispanista ha delegado esta tarea al no poder comparecer personalmente por la edad y por su imposibilidad para viajar.

Stanley George Payne, doctor en Historia por la Universidad de Columbia y Académico de la Real Academia de Historia, había sido llamado a comparecer en comisión parlamentaria, a propuesta de Cs, para dar su parecer sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica aprobado por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y que se está tramitando en la Cámara regional.

En el texto elaborado por el hispanista, se indica que este proyecto de ley se centra en dignificar a las personas desaparecidas, asesinadas o que tuvieron que exiliarse por su defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar de 1936, que desembocó en la Guerra Civil y en la Dictadura Franquista, pero no en las del otro bando, algo que, según considera, es común con el proyecto de ley de Memoria Democrática que se está tramitando en el Parlamento español.

Especialmente crítico se ha mostrado con la creación de una denominada Comisión de la Verdad que se plantea en el proyecto de ley, algo que considera el aspecto «más controvertido» de todo el texto.

A su juicio, esta Comisión será «todo lo contrario a favorecer la convivencia democrática». «La implantación de una Comisión de la Verdad es de etimología soviética y de corte totalitario y un Parlamento democrático jamás debe sancionar por ley», se afirma en el texto del hispanista.

En este sentido, Payne ha defendido que «la verdad no puede venir impuesta por ninguna ley que establezca una verdad única» y ha mantenido que la puesta en marcha de la Comisión supondría «un ataque directo a los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra», como la libertad de opinión, de expresión, de investigación y cátedra o la no discriminación. «Legislar sobre la historia contra la historia es ir contra el Estado de Derecho y la libertad», ha advertido.

Además, Payne ha indicado que este proyecto de ley y la «imposición» del estudio de la Memoria Histórica y Democrática en materia de educación y en todos los niveles, en su opinión, equivale a un «adoctrinamiento sesgado para los únicos fines del proyecto de ley en contra de la libertad de enseñanza y pluralidad académica.

CRÍTICAS AL PROYECTO DE LEY NACIONAL

También en su texto es muy crítico con el proyecto de ley de Memoria Democrática que se está tramitando a nivel nacional y que, según ha dicho, tienen «reminiscencias soviéticas y de corte totalitario» y que expresa «gran preocupación» por las víctimas del Franquismo pero «ninguna» por las aproximadamente «55.000 víctimas de los revolucionarios».

A su juicio, el resultado de esta ley «no será la atención a las víctimas» sino un «intento de deshumanizar a una gran parte, quizás la mitad, de la sociedad española». Ha advertido que con este proyecto de ley, España vuelve a estar ante un «división artificial de españoles buenos y malos», lo que, a su juicio, resulta «especialmente increíble tras el éxito inicial de la Transición».

En su opinión, «lo peor» de este proyecto de ley nacional es el «sistema de castigos judiciales» que, según ha dicho, contempla con el objeto de «criminalizar las interpretaciones o discusiones históricas disidentes que se atrevan a discrepar con esa línea esencialmente estalinistas».

FERNANDO OBREGÓN Y ENRIQUE GUDÍN

Antes que él han comparecido en la comisión los historiadores y profesores Fernando Obregón y Enrique Gudín.

El primero de ellos, Obregón, ha opinado que el texto elaborado por el Gobierno de Cantabria, haciéndose en él «algunas matizaciones», podría ser «válido», en contra de la postura expresada por el PP, que aboga por su retirada y la elaboración de uno nuevo de más consenso.

Obregón, que ha escrito varios libros sobre la Guerra Civil en Cantabria y en sus municipios, ha reconocido que algunos artículos de la ley, tal y como están redactados, le generan «dudas», como son algunos referidos a los actos de exaltación del franquismo, ya que, a su juicio, podrían entrar en contradicción con el derecho a la libertad de expresión, o a la no concesión de distinciones o la realización de homenajes a personas que apoyaran el golpe militar o la Dictadura.

Tampoco se ha mostrado de acuerdo con el ámbito temporal de la ley, que va desde la II República y termina con la promulgación del Estatuto de Autonomía de Cantabria en 1982, cuando, a su juicio, la fecha «lógica» hasta la que debería llegar es hasta la aprobación de la Constitución Española, en 1978.

Considera, además, que hay expresiones en la ley que no son «nada acertadas», como la que hace alusión a la «lucha del pueblo cántabro por sus derechos y libertades», algo que, según ha dicho, «no tiene mucho sentido» y «no se corresponde con la realidad histórica», ya que –ha destacado– la Guerra Civil fue una contienda «entre españoles» y no una lucha de liberación de los cántabros.

También ha puesto algunos ‘peros’ a la consideración de víctima que hace la ley y ha opinado que son víctimas «todos los que murieron», independientemente del bando. «Hay que considerar a todos por igual», ha opinado.

Además, considera que la creación de órganos, como el Consejo de la Memoria Histórica o la denominada Comisión de la Verdad, pueden no ser «eficaces» al objetivo de la ley de localizar, recuperar e identificar a las víctimas pues es una «tarea muy urgente» que podría retrasarse por este «entramado burocrático».

Además, se ha mostrado en contra de la Memoria Histórica se incorpore como una asignatura independiente y cree que debería formar parte de la de Historia, eso sí, poniendo «más énfasis» que ahora en la enseñanza de la Guerra Civil y el Franquismo, que se deberían estudiar de la manera «más aséptica posible» y con el fin de que estos hechos «no se repitan nunca más».

Ha advertido de que pese a que han pasado 85 años del inicio de la Guerra Civil «la herida sigue abierta» y «supurando» y considera que la ley debe servir para «dignificar a todas las víctimas, sin exclusión», recuperar sus restos y «cicatrizar la herida».

Por su parte, el también historiador y profesor Enrique Gudín, cree que el proyecto de ley podría mejorar «en ambición» y «magnanimidad». «En historia se juzga pero una de las claves es no considerarnos por encima de aquellos a los que juzgamos», ha advertido.

En cuanto a la Comisión de la Verdad y otros órganos que se quieren arbitrar en esta ley, Gudín, experto en Historia Militar, ha apostillado que «la Historia la tienen que hacer los historiadores» y, por tanto, considera que sería «más eficaz» potenciar grupos de investigación. Además, ha advertido que una Comisión de la Verdad «completamente objetiva no va a existir».