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Nueve años después de la presión de víctimas de la violencia que afectó a Perú entre 1980 y 2000, el Ministerio de Cultura ha reconocido este martes como patrimonio cultural de la nación El ojo que llora, un lugar de memoria que dignifica a 32.000 personas muertas y desaparecidas durante el conflicto armado interno, cuyos nombres están escritos en cantos rodados. El memorial -compuesto por una gran escultura en granito en forma de montaña y un laberinto en espiral-suele ser visitado especialmente por quienes aún buscan los restos de sus parientes, pero desde su inauguración en 2005 ha sido vandalizado por simpatizantes del fujimorismo.
“Mi hermana sigue desaparecida y yo soy católica, pero este lugar no tiene esa connotación, es tan simbólico que da la posibilidad de reflexionar acerca del tiempo de la violencia, entender y no solo castigar, sino recobrar la humanidad perdida en la atrocidad”, comenta Carolina Oyague, quien va al monumento varias veces al año. Es la hermana de Dora Oyague, una de los nueve estudiantes de la universidad pública La Cantuta que fueron secuestrados y luego asesinados en 1992 por el destacamento militar Colina durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori.
El grupo Colina justificaba sus actos como parte de la lucha contra el terrorismo del grupo maoísta Sendero Luminoso, pero tuvo como blancos a personas ajenas a la subversión y opositores al Gobierno. “Vengo aquí en su cumpleaños porque no tengo otro lugar donde rezarle, o a veces cuando había momentos difíciles de la judicialización del caso La Cantuta, porque siempre ha habido un ataque constante”, añade Oyague refiriéndose al juicio que concluyó con la condena de 25 años de prisión para Fujimori y su ex asesor y jefe de facto de las fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos.
El ojo que llora fue una creación de la artista plástica holandesa Lika Mutal, que residía en el país andino desde 1968 y fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura en 2015 por el Estado peruano, un año antes de fallecer. El espacio de conmemoración fue una iniciativa de la asociación civil Caminos por la Memoria, formada por defensores y activistas de derechos humanos, quienes desde 2013 gestionaron que el monumento fuera reconocido como patrimonio cultural, pero no había una norma que lo permitiera, explicó Carlos del Águila, director general de Museos del Ministerio de Cultura. La legislación existe desde 2020. El reconocimiento del memorial como patrimonio se debe a su valor artístico, histórico e intelectual, indica la resolución ministerial publicada en el diario oficial este martes.
El sitio está incluido desde hace algunos años en el mapa de la UNESCO de los Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos, en la categoría de monumento. En su realización colaboraron autoridades locales y la cooperación internacional, pero es administrado desde 2005 por la asociación civil. La primera ministra Mirtha Vásquez participó en la ceremonia de entrega de la resolución de declaratoria de patrimonio cultural, y calificó el monumento como “una obra que representa la resistencia de las personas que buscan justicia y reparación” y el trabajo heroico de sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia.
Vásquez dijo además que el período 1980-2000 del conflicto armado interno “ha dejado una serie de discursos hirientes”, en alusión a los sectores conservadores y fujimoristas que atacan el espacio ubicado en Lima y desacreditan llamando “terroristas” a los familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos (de 1991, también a manos del Grupo Colina). “Durante muchos años nuestro Estado no estuvo a la altura del resarcimiento”, añadió la primera ministra.
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Los grupos de choque de ultraderecha que atacan el memorial suelen destruir las piedras que llevan los nombres de las víctimas o las retiran del espacio. En 2009, simpatizantes del fujimorismo echaron pintura naranja a la escultura y rompieron el mecanismo por el que brotaba agua de la piedra. “Era pintura de buque porque cepillábamos con aguarrás y no salía, me quedé con las manos lastimadas de tanto raspar”, recuerda Oyague, quien entonces fue una de las voluntarias que limpió la escultura.
“Los seres humanos tenemos un peso evolutivo porque somos capaces de enterrar a los muertos, pero quienes atacan este espacio de memoria no han sido capaces de respetar las pérdidas, lo han hecho incluso en ceremonias aquí. Un grupo de choque fujimorista se lanzó encima de la hija del líder sindical Saúl Cantoral (asesinado en 1989) cuando ella estaba hablando durante una conmemoración”, detalla la víctima del caso La Cantuta.
En los guijarros hay nombres de víctimas civiles, policías y militares, entre ellos, el de Rigoberto Tenorio, asesinado en una carretera en Ayacucho en 1984. “Mi esposo era instructor premilitar en un colegio y había sido policía. Han pasado 40 años y aún sigue desaparecido, desgraciadamente las autoridades dicen que no hay presupuesto suficiente para buscar sus restos. Hace cuatro años una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado peruano que repare a sus deudos y haga justicia, yo no pierdo la esperanza”, dice su viuda Cipriana Huamaní, de 74 años.
“He venido al Ojo que llora muchas veces, a todos los lugares de los desaparecidos en los últimos 40 años”, añade Huamaní. Durante la ceremonia del martes, la exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación -que actuó entre 2002 y 2003- Sofía Macher destacó el aporte de la escultora Mutal como motivo para el reconocimiento del sitio como patrimonio cultural. “Ella creó este espacio que significa tanto para miles de personas, es un lugar para encontrarnos con las personas que ya no están y que deberían estar -civiles, policías, militares, ronderos, hombres, niños, mujeres-”, remarcó.
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