LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) –

   El Parlamento de La Rioja continuará la tramitación de la Ley Reguladora de los Juegos y Apuestas de la región, una vez que se ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha contado con los votos en contra de PSOE, Podemos e IU, mientras que el Ciudadanos se ha abstenido.

   Antes de que se haya producido la votación ha intervenido el consejero de Hacienda, Celso González, que les ha indicado a los ‘populares’ que “no conocerán la grandeza porque carecen de responsabilidad”, para detallarle varias de las novedades de la Ley, así como recordado que “hemos hablado con todos los sectores afectados”.

   El proyecto de Ley del juego, ha recordado, que sustituye a la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas. A pesar de que se ha estado actualizando periódicamente la legislación a través de reformas puntuales, el Gobierno considera que “los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas formas de juego y el impacto social de los juegos de azar y apuestas de todo tipo, exigen aprobar un nuevo marco normativo”.

   Ha destacado que fija que no se pueden otorgar autorizaciones de apertura de establecimientos de juego, ni autorizaciones de instalación de máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería en el área de influencia de los centros docentes que impartan enseñanzas regladas a menores de edad, además de centros de protección de menores de edad y centros jóvenes. Esta área “se establece en una longitud de 200 metros lineales, calculada radialmente entre los dos puntos”.

Ha recordado que se trata de un “problema de salud pública”, apuntando que la Organización Mundial de la Salud indica que una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las llamadas “adicciones sin sustancia”. Incluso, el Defensor del Pueblo considera que deben reforzarse las políticas activas de juego con responsabilidad dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.

   González, para finalizar, ha indicado que se busca “proteger a los colectivos más vulnerables, como los menores, fomentar comportamientos responsables y establecer limitaciones claras y precisas para la apertura de nuevos locales”.

LEY “SIN NOVEDADES”

   En la defensa de la enmienda a la totalidad ha intervenido su diputado, Alfonso Domínguez, que ha manifestado que la norma del Gobierno “no aporta ninguna novedad”, ya que “es una refundición de la Ley vigente”. Por ello, ha indicado que “son papeles vacíos, por lo que el proyecto merece devolverse al Gobierno para que traiga al menos una sola novedad”.

   Domínguez ha insistido en que el Gobierno regional “pierde una oportunidad tremenda para adaptarnos a la nueva realidad del juego y para añadir innovaciones”, ante lo que ha asegurado que “necesitamos una ley moderna y más consensuada”.

   En el turno en contra ha intervenido el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha apuntado que la propuesta del PP contiene “incorrecciones, alguna falsedad y supone, sin quererlo una enmienda a la totalidad de la política de juego de los gobiernos anteriores del PP”.

   Ha recordado que recoge como “enorme novedad las distancias, de 200 metros, de lo salones de juego a los centros docentes”, algo que “no solo afecta a las nuevas concesiones, sino a la actuales cuando tengan que se renovadas”.

   La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha indicado que “es necesaria para combatir una lacra que afecta a uno de los sectores vulnerables como es los jóvenes”. Además, ha pedido al PP que si cree que tiene una norma mejor “presente un texto alternativo”.

   Moreno ha asegurado que “es necesario” una Ley que “proteja a los jóvenes, dentro de un ocio alternativo, y a los ludópatas”.

   En el caso de Ciudadanos, su diputada Belinda León ha apuntado que la Ley “ha obviado el impacto que la pandemia ha tenido sobre el sector”, así como que una Ley que “puede ser el golpe de gracia a un sector castigado, que ha bajado un 50 por ciento los ingresos con respecto al año anterior”.

   En un proyecto “con el que no estamos de acuerdo”, porque cuenta con “varias incoherencias e incorrecciones”, por lo que “aunque vemos muchos motivos para su devolución, vamos a abstenernos ya que el sector necesita de seguridad jurídica”.



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