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La Fiscalía reconoce que no hubo alzamiento, pero sí al quebrantamiento del orden constitucional para argumentar su acusación de rebelión

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo de Perú ha rechazado este martes el recurso de apelación presentado por el expresidente del país Pedro Castillo para anular su detención provisional por un plazo de siete días en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de rebelión tras intentar sin éxito disolver el Congreso.

Así pues, el expresidente Castillo deberá cumplir con la semana de detención impuesta por el juez Juan Carlos Checkley y que también demandaba la Fiscalía de la nación andina, tal y como recoge la emisora local RPP.

Durante la audiencia, los abogados de Castillo han argumentado que su cliente es inocente de las acusaciones de rebelión pues, dicen, para llevar a cabo esta irregularidad es necesaria la participación de más personas y el alzamiento de armas.

Los juristas han incidido en que estos supuestos no se dieron y han asegurado que Castillo en ningún momento tiene intención de buscar asilo en México, si bien desde la nación azteca, el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el exmandatario había ratificado una solicitud de asilo.

En respuesta, los representantes de la Fiscalía han apuntado que, si bien es cierto que la rebelión debe ir acompañada de un alzamiento de armas que no se dio, sí que se puso en riesgo el orden constitucional durante la maniobra de Castillo el pasado miércoles.

Con esta decisión del Supremo, Castillo deberá permanecer en prisión de forma provisional hasta el miércoles a las 13.52 horas (hora local), cuando se cumpla una semana de la detención. Sin embargo, se prevé que la Fiscalía solicita la prisión preventiva para el exmandatario.

Castillo permanece en prisión preventiva desde el pasado miércoles 7 de diciembre cuando fue detenido por su propio equipo de seguridad poco después de dirigirse a la nación para anunciar la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la convocatoria de elecciones legislativas con las que poder después poner en marcha un nuevo proceso constitucional.

La maniobra de Castillo, de la que habrían estado al tanto los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, fue rápidamente interceptada por el Congreso de la República, que sacó adelante una moción de censura en su contra.

Desde entonces, las protestas en contra de su detención y a favor de cerrar un Congreso que desde el primer día ha maniobrado para sacarle del cargo se suceden, con un balance de siete fallecidos y un centenar de heridos entre policías y manifestantes. El nuevo Gobierno de la Dina Boluarte ha hecho un llamamiento al diálogo y ha convocado gabinete de crisis para hacer frente a la crisis.

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