Trípode, cámara, micrófono, móviles y dos chalecos de prensa. Son los instrumentos que, según la fiscalía bielorrusa, emplearon las periodistas Ekaterina Bajválova y Daria Chultsova para “organizar y preparar acciones que violaran gravemente el orden público”. Fueron arrestadas el pasado noviembre en Minsk mientras filmaban para el canal de televisión polaco Belsat —vinculado a la oposición bielorrusa— una protesta contra el régimen y en repulsa por la muerte de un joven fallecido bajo custodia policial. Las dos informadoras bielorrusas llevan en prisión preventiva tres meses y se enfrentan a un proceso penal que puede acarrear hasta tres años de cárcel. Seis meses después de que se iniciaran, las protestas contra el fraude electoral y contra el líder autoritario Aleksandr Lukashenko continúan en Bielorrusia, aunque a menor escala. Mientras, la represión de las autoridades se ha agudizado para tratar de sofocar cualquier amago de oposición.

Bajválova, reportera de 27 años, y Chultsova, cámara de 23, grababan y emitían en directo una concentración en memoria de Roman Bondarenko desde las ventanas de un apartamento que daba a la que la oposición ha llamado “plaza de los Cambios” de Minsk, una pequeña explanada entre bloques en uno de los vecindarios que más se ha movilizado contra Lukashenko desde el pasado agosto y donde Bondarenko, un pintor de 31 años, había sido detenido unos días antes por personas sin identificación ni uniforme. Las periodistas primero fueron acusadas de participar en un acto masivo no autorizado y de desobedecer las demandas de la policía. Unos días después, los cargos se endurecieron.

La fiscalía sostiene que, al “dar voz a la información”, las dos periodistas hicieron y fomentaron la movilización ilegal. Se las acusa, además, de provocar con sus acciones la interrupción del transporte público: 13 rutas de autobús, tres de trolebús y tres tranvías; daños que los fiscales cuantifican en más de 11.000 rublos bielorrusos (unos 3.500 euros).

Recluidas dentro de la jaula con barrotes blancos en la que suelen comparecer los acusados en los juicios en Bielorrusia, Bajválova y Chultsova negaron todos los cargos en la primera vista, hace unos días. Recalcan que solo hacían su trabajo: informar. Svetlana Tijanóvskaya, la líder opositora que se enfrentó a Lukashenko en las elecciones presidenciales de agosto y la persona que ha canalizado y unificado a la oposición, ha reclamado su liberación, desde Lituania, donde huyó, al sentir que su familia estaba amenazada, tras las presiones de las autoridades.

Una quincena de periodistas e informadores están recluidos en centros de detención temporal de la antigua república soviética, imputados por delitos administrativos o penales. Muchos de ellos fueron detenidos durante las manifestaciones a favor de la democracia en el país o por la cobertura de actos de la oposición, según la Asociación de Periodistas Bielorrusos, que denuncia la “persecución” de informadores independientes. Más de 390 han sido detenidos desde que empezaron las primeras movilizaciones, antes del verano, y 77 ya han pasado por centros de reclusión, comenta un portavoz de la asociación, que denuncia también los procesos contra la prensa independiente, destinados a ahogarles económicamente. Belstat estima que solo en los primeros nueve meses del año pasado pagó más de 100.000 dólares (82.000 euros) en multas en Bielorrusia.

Las organizaciones de derechos civiles han declarado a Bajválova (también conocida como Katerina Andreeva) y Chultsova presas políticas y exigen su liberación, denuncian que su caso es “fabricado” y busca ser “ejemplarizante”. “Intentan asfixiar la libertad de expresión, tratan de limitar el impacto real de la información en la sociedad”, señala Marina Zolotova, responsable de Tut.by, el mayor portal de noticias independiente bielorruso, que ha sido despojado de su estatus legal como medio de comunicación. Muchos de sus periodistas han sido detenidos y sancionados. La reportera Katerina Borísevich, de 36 años, lleva en prisión preventiva también desde noviembre, fue detenida poco después de publicar el testimonio de un sanitario que atendió a Bondarenko poco antes de morir y que, contrariamente a lo que señalaron las autoridades, aseguró que las pruebas no le detectaron niveles de alcohol en sangre. Borísevich está acusada de divulgar secretos médicos “con graves consecuencias”. También el sanitario está procesado. Amnistía Internacional ha declarado a ambos presos de conciencia.



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