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Pese a que su jefa de gabinete ha sido acusada por el gobierno de Estados Unidos de «significativos actos de corrupción», el presidente de la República ha evitado referirse directamente al asunto.
La declaración del Departamento de Estado contra Carolina Recinos y otros políticos salvadoreños está diseñada para actuar más como un acicate político que como una herramienta judicial, al menos preliminarmente. El interés de la congresista Norma Torres en que la sección del documento sobre políticos vinculados a la corrupción en el Triángulo Norte relativa a El Salvador fuese desclasificada es de esa naturaleza: firmar un mensaje fuerte y público contra Bukele y su círculo.
Acaso el mandatario ha entendido la gravedad de la coyuntura y su vulnerabilidad en ella; eso explicaría que se haya resistido a otro episodio visceral de su narrativa y tampoco haya defendido a Recinos. Una cosa es quejarte de que el listado se circunscribe sólo a las dos últimas administraciones presidenciales y tiene un poderoso hedor a petrolera, y otra habría sido interceder por la jefe de su panel ministerial, lo cual no ha ocurrido. Si le ponemos suficiente atención a los hábitos de comunicación oficiales y a cómo se reaccionó en trances similares del titular de Salud, el ex de Agricultura o algunos de los diputados de GANA hace algunos meses, es un silencio bastante ruidoso.
El entramado detrás de este resultado tampoco tiene que ver estrictamente con Bukele y su tirantez con la incipiente gestión Biden; que uno o dos personajes del bloque empresarial y burócrata que transitó del gobierno de Sánchez Cerén al de GANA sean objeto de especial interés de la justicia estadounidense supone una presión diferente ante la cual el mandatario tendrá que actuar de un modo más precavido.
A través de la venezolana PDVSA, Hugo Chávez se garantizó asocios público-privados en varios países de la región, una iniciativa inicialmente geopolítica que luego derivó en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. En lo que al país respecta, esa historia lo toca a través de Alba Petróleos de El Salvador; y hasta el volátil jefe del Ejecutivo entiende que no hay discurso ni «storytelling» que soslaye lo delicado de las investigaciones internacionales que se siguen alrededor de esta empresa, de la cual los norteamericanos sospechan que fue diseñada ex profeso para malversar miles de millones de dólares.
Hace cinco años, dos propiedades de Recinos y de su esposo, actual embajador en Rusia, fueron embargadas tras una demanda de una compañía que le había comprado cartera de créditos a Alba Petróleos. A diferencia suya, no se ha sabido que los otros miembros del actual gabinete que antes de llegar al Ejecutivo le pidieron dinero prestado a esa empresa hayan tenido problemas de mora: el viceministro de Agricultura Pablo Anliker, el exministro de Hacienda Nelson Fuentes, incluso el presidente de la República. Todo esto habría constituido cuando menos un conflicto de interés, agravado si se considera que según consultores independientes cualquier particular al que Alba le haya prestado dinero tiene explicaciones muy detalladas que brindar.
Es pues una materia delicada. Y aunque el actual titular del ministerio público probablemente no le dé seguimiento a los allanamientos que uno de sus antecesores realizó hace dos años en al menos 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos, en el marco de una investigación formal por lavado, sus pares en Estados Unidos sí se tomarán en serio la inclusión de políticos salvadoreños en la lista del Departamento de Estado. Por eso, al menos en esta oportunidad, el silencio no parece mala idea si va seguido de un compromiso con la transparencia y se aprovecha la oportunidad de liberar al gabinete de algunas de las reputaciones que lo lastran.
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