El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, ha puesto coto a los retrasos arbitrarios en la tramitación de los parques renovables y da un año para autorizar o denegar las plantas. El objetivo del Consejo es acotar los plazos para evitar casos como el de la Comunitat Valenciana con plantas fotovoltaicas que llevan cuatro años bloqueadas por la burocracia de la Generalitat y las decisiones arbitrarias de la Dirección General de Ordenación Territorial y Paisaje (en manos de Compromís). El acuerdo del Consejo sigue las pautas de la modificación de la directiva aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo para agilizar el despliegue renovable y debe ser ratificado en marzo por la Eurocámara. La patronal valenciana de renovables (Avaesen) celebró ayer la decisión del Consejo que debe poner fin a las trabas que sufren los promotores.

Los Veintisiete han confirmado el objetivo de que al menos el 40% de la cuota de energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables en el año 2030 frente al 32,5% previsto antes de la actual crisis energética. El Consejo apuesta por que los Estados miembros diseñen «zonas de acceso» específicas para las energías renovables con procesos de concesión de permisos abreviados y simplificados. Esas áreas son los espacios delimitados por el mapa de desarrollo de renovables que el Consell se ha comprometido a delimitar. Los parques se podrán construir fuera de esas zonas (siempre que no estén en áreas protegidas), pero en esos casos no se tramitarán por la vía rápida de un año.

Los Veintisiete han confirmado el objetivo de que al menos el 40 % de la cuota de energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables en el año 2030

18 meses para designar las áreas prioritarias

El Consejo da 18 meses a la Administración para designar las áreas «necesarias para las contribuciones nacionales» hacia el objetivo de energía renovable de 2030. Los Estados deberán adoptar medidas de mitigación que contrarresten las posibles consecuencias ambientales adversas de las actividades de desarrollo de los proyectos ubicados en cada zona idónea. El conjunto de planes de desarrollo se someterá a una evaluación de impacto ambiental en lugar de realizar un análisis de cada proyecto como ocurre ahora.Interés público superior

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Estas áreas de acceso a las energías renovables también limitarán los motivos de objeción legal a las nuevas instalaciones al considerar que responden a un interés público superior. El Parlamento ya fijó en la directiva de renovables que estos proyectos tienen un interés público superior «hasta que se logre la neutralidad climática» con la eliminación de las emisiones de CO2 en la producción de energía. El Consejo ha acordado un plazo más breve de seis meses para las zonas ya designadas como aptas para un despliegue acelerado de renovables si no se encuentran en áreas de la red Natura 2000 (zonas en las que en la C. Valenciana ya están protegidas de los parques) y han sido objeto de una evaluación ambiental. Para áreas fuera de las zonas designadas como prioritarias, «los procesos de concesión de permisos no deben exceder de dos años».

Marcos J. Lacruz, presidente de la patronal de renovables, destacó la importancia de que por fin se han fijado unos plazos máximos para acabar con la burocracia. «Es muy positivo porque son plazos razonables», aseguró.

Fin a los procedimientos «complejos, largos y opacos»

El Parlamento Europeo ha aprobado la modificación de la directiva de fomento de energías renovables para acelerar su despliegue y para limitar tramitaciones arbitrarias como las de la Dirección General de Paisaje de la Generalitat Valenciana. La nueva normativa busca acabar con los procedimientos «complejos, largos y opacos» ya que tienen «repercusiones desproporcionadas para los ciudadanos». La resolución aprobada advierte que «la excesiva duración de los procedimientos administrativos es uno de los principales obstáculos para las inversiones en renovables y sus infraestructuras. Estos obstáculos incluyen la complejidad de las normas aplicables -en la Comunitat Valenciana se ha tenido que pronunciar la Abogacía de la Generalitat- en relación con la selección de emplazamientos, la complejidad y la duración de la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos, y los problemas de conexión a las redes».

La Unión Europea considera que es esencial acelerar el despliegue de renovables frente a los bloqueos que se están produciendo en zonas como la Comunitat Valenciana. «Las fuentes de energía renovable son cruciales para luchar contra el cambio climático, reducir los precios de la energía y la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles, y garantizar la seguridad del suministro», señala el dictamen aprobado por el Parlamento.

La eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, subraya que las medidas impulsadas por el europarlamento son vitales para despliegue de la energía verde y «la Comunitat Valenciana no puede quedarse atrás».



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