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Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón adelantan el cierre de bares y restaurantes
Las nuevas medidas sorprenden a los empresarios con los pedidos hechos, las reservas confirmadas y miles de entradas vendidas
Las medidas acordadas ante el impacto de ómicron y la sexta ola les han pillado sin margen de maniobra: con los pedidos hechos, los contratos de refuerzo cerrados y en muchos casos, con miles de entradas vendidas o de reservas que se cancelan al mismo ritmo que aumenta la incidencia del virus.
En la discoteca ‘Lelé de Noite’, de Pontevedra no saben qué hacer con todo el alcohol que habían comprado para la noche del 31 de diciembre: «7.600 euros de alcohol compré y 4.300 euros en refrescos y agua», dice el gerente Rafael Rúa.
Luis Diz, gerente del Grupo Pelícano, (A Coruña) ve cómo día a día, las mesas se le quedan vacías: «Teníamos el restaurante lleno para fin de año y vamos con un 30% de cancelaciones», dice. Se quejan, una vez más, de que el listón de las restricciones para la hostelería esté más alto que en otros sectores.
Para otros hosteleros, las cuentas no salen y eso, a la larga, podría afectar a la plantilla: «Volveríamos a trabajar en pérdidas y en mandar a parte de nuestra plantilla al ERTE», afirma el presidente de los hosteleros de Navarra Juan Carlos Oroz.
En Cataluña, una comunidad autónoma con toque de queda, Fernando Martínez, de la Federación catalana del ocio Nocturno (FECALON), asegura que las restricciones les condenan a unas pérdidas de cien millones de euros.
La protesta de los Dj´s
La Asociación Española de DJs y Productores de Música Electrónica (Aedyp) se ha adherido al recurso presentado por el sector del ocio nocturno ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra las restricciones decretadas por el Govern.
El presidente de Aedyp, Julio Posadas, ha explicado que es la primera vez que el sector de DJs recurre a medidas de restricciones contra la Covid-19, según un comunicado de la entidad este lunes.
Además, ha asegurado que las restricciones son «injustas y desproporcionadas y que, además, han demostrado ser ineficientes e innecesarias en ocasiones anteriores».
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