Después del informe de la Fiscalía Anticorrupción, en la sesión de hoy del juicio será el turno de las acusaciones particulares. Hay siete personadas en total: Tres funcionarios del Ajuntament de Palma, los empresarios Bartolomé Cursach y Antoni Roig, el comisario de la Policía Local, Rafael Estarellas y Álvaro Gijón junto a sus padres y hermano. Todos ellos también reclaman importantes condenas de cárcel para el juez Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo. Incluyen algunos delitos diferentes al fiscal, entre ellos el de torturas, en el caso de Gijón.
Ayer, la Fiscalía mantuvo peticiones de más de 120 años de prisión para juez y fiscal. Mantuvo que los acusados llevaron a cabo detenciones ilegales actuando por «inquina» para forzar declaraciones.
Aragón continúa con los indicios iniciales que manejaban los acusados en el ‘caso ORA‘. En primer lugar la declaración del testigo protegido: «Declaración que no viene corroborada por datos periféricos. Esto había que cogerlo con pies de plomo, no había que detener a nadie. Llegamos al informe del señor Blanco en octubre. El primer indicio que señala es el precio del contrato. En realidad el contrato anterior era de 31 millones, no de 18. Eso lo debía saber la investigación desde el primer momento porque la concejal había aportado esa documentación ya. Se veía desde el minuto uno en los documentos y en las actas de la junta de contratación».
Indicios débiles
«¿Si eran tan claros los inicios por qué había que presionar y ablandar? ¿Es que nadie dudó, nadie leyó nada?», dice Aragón. Señala que el testigo 19 estaba despechado con el PP tras ser expulsado por una agresión a policías locales y haber acudido a Rodríguez para pedirle ayuda y ser rechazado.
«Ya me va bien»
Sobre los indicios que manejaban para las detenciones: «A lo sumo justificarían el inicio de una investigación. El informe de Blanqueo y el testigo protegido 19 le daban cobertura a esa instrumentalización del proceso. No me puedo creer que el señor Penalva pensara que le daba para meter a gente en prisión. «Ya me va bien».
Fichas policiales
Alude a las fichas policiales que hizo el Grupo de Blanqueo. En el caso de su representado, señala que consta que el objetivo era «vender a Vallejo», por el antiguo concejal de Mobilitat. «Que la finalidad era doblegar estaba claro. Lo primero que se les decía era que si colaboraban pasaban a testigo».
Detenciones
Aborda las detenciones de doce funcionarios municipales en el ‘caso ORA‘: «No era la finalidad asegurar la prueba ni que acudieran a presencia judicial. Ya tenían el expediente completo de la ORA y todos los detenidos tenían arraigo».
«Doblegar a los investigados»
Aragón señala que había una forma de actuar común por los acusados: «Se priva de libertad de forma arbitraria, se detiene y se ingresa en prisión y a partir de ahí, se presiona para conseguir la clara finalidad de doblegar al investigado para que se ablande, torcer su voluntad y favorecer la tesis incriminatoria. Este hilo une todas las conductas».
Sobre el juicio
Señala Aragón: «A pesar de todo, policías han investigado a policías, fiscales han acusado a fiscales y jueces están juzgado a jueces. Sí creo en el sistema porque hemos llegado hasta aquí».
Víctimas
Arranca su informe el abogado Ángel Aragón, que representa al funcionaro municipal Miguel Femenía, en prisión preventiva por el ‘caso ORA‘. Inicia su informe reivindicando que los denunciantes son víctimas: «Los que están aquí son víctimas porque no ha sido fácil separarse del prejuicio con el que han tenido que vivir desde que fueron detenidos. En una huella que persiste».
