El Gobierno de coalición de Castilla y León es un “piso piloto”, como lo calificó Santiago Abascal en una entrevista con es.Radio. Un escaparate de la futura urbanización que Vox quiere construir dentro de unos meses en Andalucía y después en toda España, formando una UTE (Unión Temporal de Empresas) con el Partido Popular.

Para que la promoción funcione y los españoles compren el producto, es necesario que el piso piloto sea coqueto, atractivo y aseado. No importa tanto que las cañerías hagan ruido o las ventanas no cierren bien, pues los pisos piloto no son para vivir en ellos, sino para enseñarlos. El objetivo de Abascal, según sus palabras, es “eliminar muchos miedos de muchas personas, muchas reticencias” a que él mismo tenga un día despacho en La Moncloa.

Para “ensayar ante toda España” un futuro Gobierno en el que Feijóo sería presidente y él vicepresidente, o viceversa, hay que hacer una gestión amable, eficaz y discreta. Sin embargo, como en la fábula del escorpión y la tortuga, el partido de Abascal no puede sustraerse a su propia naturaleza.

El vicepresidente in pectore de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha anunciado, desmintiendo a su nuevo jefe, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que la futura Junta derogará el decreto autonómico de memoria histórica. “Vamos a dejar de utilizar la historia para dividir a los españoles. Ese decreto no contribuye a hacerlo y se va a sustituir por un decreto de concordia. No puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”, ha dicho. Incluso hay fecha para iniciar el trámite: el 30 de junio.

Caben dos posibilidades: que el futuro vicepresidente no haya leído el decreto que quiere derogar o que quiera engañar sobre su contenido. Porque el Decreto 9/2018 de 12 de abril de la Junta de Castilla y León reconoce y amplía los derechos de “quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil”, sin diferenciar a qué bando pertenecían los agresores o a qué bando los agredidos. En contra de lo que quiere hacer creer Vox, la norma no “habla solo de una de las partes”, sino de las víctimas de ambas. Entre las medidas que prevé, figura levantar mapas de fosas (en Castilla y León están registrados 530 enterramientos comunes, en los que se estima que hay 7.000 cuerpos), crear un banco de muestras de ADN para identificar los restos, un procedimiento administrativo para agilizar las exhumaciones y otorgar posibles subvenciones a proyectos destinados a “investigar, exhumar e identificar a las víctimas”.

En lo que tiene razón Vox es en que el decreto “habla solo de una de las partes” cuanto trata de la dictadura. En efecto, reconoce a las víctimas de “la dictadura franquista”, a quienes sufrieron “violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión”, pero no homenajea a quienes les agredieron. Trata igual a todas las víctimas, pero no equipara a víctimas con verdugos. Como denuncia Vox, “no trata igual” dictadura y democracia, porque no son lo mismo.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

50% de descuento

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites



Source link