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CÁDIZ, 10 May. (EUROPA PRESS) –

El diputado de IU Cádiz en el grupo Adelante, Hugo Palomares, defenderá en el Pleno de la Diputación de Cádiz de la próxima semana una moción en la que muestra la oposición al anuncio realizado por el Gobierno estatal sobre la posibilidad de instalar copago en las autovías y autopistas del país.

Según ha informado IU en una nota, la moción registrada insta al Ministerio de Transporte y al Gobierno de España a «excluir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la propuesta referenciada sobre la implantación en toda la red estatal de carreteras de un sistema de peaje de aplicación directa al usuario».

De igual forma, la moción insta a Transporte y al Gobierno a que, «en aras de una transición ecológica justa e inclusiva que respete a los colectivos más vulnerables, haga una apuesta clara por un medio de transporte colectivo eficaz y eficiente, con infraestructuras suficientes y a un precio asequible, como auténtica alternativa real al uso del vehículo privado en los desplazamientos de los usuarios».

Asimismo, Palomares ha recordado que la «AP-4 es la única vía rápida que une las provincias de Cádiz y Sevilla», y que «la concesión administrativa para su construcción, conservación y mantenimiento fue concedida en 1969, habiendo sido prorrogada por los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, hasta que finalizó el 31 de diciembre de 2019». «Un total de 50 años de concesión que a buen seguro han dado para pagar y amortizar con creces el coste de la construcción y conservación de dicha autopista», ha subrayado.

Además, el dirigente provincial ha destacado que «a lo largo de esos años han sido muchas las veces en las que IU, junto a otras formaciones políticas, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores y otros colectivos sociales, se ha manifestado a pie de carretera en pro de la liberación del peaje».

En este sentido, el diputado ha apuntado que «la aplicación del peaje que durante 50 años tuvo que soportar esta autopista, que no paró de incrementar sus tarifas durante sus últimos años de vigencia a pesar de la amplia reducción de la intensidad de tráfico diario experimentada, ha supuesto un gran lastre para el desarrollo socio económico de la provincia».

No obstante, ha indicado que «la alternativa a esta vía de alta capacidad, la N-IV, sigue siendo una carretera nacional convencional de dos carriles cuya capacidad se encuentra más que agotada debido a la alta intensidad de tráfico que ya soporta, y cuyo uso por parte del transporte pesado no ha hecho sino poner en riesgo la seguridad de los conductores».

Por ello, ha expuesto que «la inclusión de una propuesta para extender el sistema de peaje a toda la red estatal de carreteras en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas no puede sino calificarse como una puñalada a la capacidad de recuperación económica de nuestra provincia».

Además, ha apuntado que «tal y como dejó claro el coordinador provincial, Fernando Macías, lo último que necesita esta provincia en estos momentos, cuando aún se sufren los efectos de la cuarta ola de la pandemia y cuando ni siquiera se tiene claro cómo van a transcurrir los próximos meses, es la posibilidad de que se instalen peajes en las autovías y autopistas de todo el país».

De esta forma, ha sostenido que «si bien se puede estar de acuerdo con el principio comunitario de ‘quien contamina paga’ que usa el Ejecutivo para argumentar la propuesta, es imprescindible conciliar una implantación justa y proporcionada», y ha añadido que «sin duda, tal y como está planteada por el Gobierno, es una medida que no discrimina y trata a toda la ciudadanía por igual».

De hecho, Palomares ha explicado que «se trata de un copago encubierto de los servicios públicos sin que se tengan en cuenta los niveles de renta ni la capacidad económica de los usuarios, obligándolos a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de sus impuestos, algo que en ámbitos como el de la sanidad o la educación sería políticamente inasumible».

Por último, ha calificado de «curioso» que el debate sobre los peajes coincida «la reclamación por parte de Abertis al Estado más de 3.000 millones por la caída del tráfico de la AP-7 durante la pandemia, un hecho que viene a corroborar aquellas opiniones que tienen claro que las concesiones sólo producen beneficios a las empresas adjudicatarias, ya que, en caso de pérdidas, éstas son asumidas por el Estado».

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