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SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del grupo municipal Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas, ha anunciado este lunes que ha solicitado al gobierno municipal que se cree un «protocolo de coordinación entre Parques y Jardines y Urbanismo para la vigilancia del patrimonio vegetal en los proyectos urbanísticos». Asimismo, Rojas ha explicado que la formación política ha registrado una batería de preguntas en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Sur para que «el gobierno informe y rinda cuentas» sobre las talas «indiscriminadas» por la promotora de la residencia de estudiantes de Ramón Carande.

Así lo ha expresado IU en una nota de prensa, en la que el portavoz ha explicado que «no es la primera vez, ni lamentablemente será la última» que ocurra «una tala indiscriminada y sin licencia por parte de entidades privadas». Rojas ha cuestionado la «falta de supervisión y control» sobre el arbolado en las obras privadas. La pregunta registrada por el grupo municipal de IU-Podemos también se interesa por el estado del expediente abierto a la promotora de la residencia de estudiantes por haber acometido las talas «sin ningún tipo de licencia».

Rojas ha recordado que, a raíz de otras talas en proyectos privados en la barriada de Santa Clara y junto al estadio de La Cartuja, su grupo municipal ya había comprobado que «los proyectos de demolición o de nueva planta que pasan por la Gerencia municipal de Urbanismo no hacen mención al apeo de árboles» y que tanto Urbanismo como Parques y Jardines «se echan el balón de un tejado a otro y afirman que no les corresponde a ellos dar licencias para talas de árboles».

De este modo, Rojas ha destacado que «la ordenanza municipal es muy clara en este sentido y recoge, textualmente, que las talas y abatimientos de árboles de carácter privado o público en el municipio de Sevilla deben estar sometida a la previa obtención de licencia». Así, IU ha exigido al gobierno municipal una «revisión de la ordenanza municipal de arbolado» para que «contemple un endurecimiento del régimen sancionador para aumentar la protección de las zonas verdes y los recursos materiales y humanos necesarios para que la normativa no sea papel mojado».

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