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El Parlamento andaluz abordará este miércoles el caso de Teresa Rodríguez ante la petición de expulsión del grupo
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –
La dirección federal de IU ha reclamado a todas las formaciones políticas que apoyen en cada comunidad autónoma la reciente adenda que actualiza y refuerza el pacto antitransfuguismo, que recoge los supuestos de «deslealtad política» como «usurpación de identidad» de coaliciones y agrupaciones electorales.
Una petición que se produce precisamente dos días antes de que la Mesa del Parlamento andaluz decida si Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines, de la corriente Anticapitalistas, son finalmente expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, tras contar con un informe jurídico que aborda este asunto.
Desde Podemos e IU en Andalucía se insiste en que esos ocho diputados deben ser expulsados de Adelante, sobre todo, tomando como base el último acuerdo en materia de lucha contra el transfuguismo suscrito esta semana por partidos políticos a nivel nacional.
Concretamente, la dirección federal de IU ha remitido un escrito a sus federaciones para que, en el ámbito de sus competencias, se dirijan al resto de fuerzas políticas de cara a «mostrar todas públicamente y en cada uno de sus respectivos territorios su adhesión» a ese acuerdo.
Plasmado en una adenda tercera, IU subraya en un comunicado que este consenso «amplía, refuerza y actualiza» el propio Pacto Antitransfuguismo, surgido en 1998. El texto inicial ya fue renovado el 26 de septiembre de 2000 y el 23 de mayo de 2006, fechas en las que se acordaron la primera y la segunda adición, respectivamente.
IU ha destacado que esta tercera adición supone un «firme compromiso para seguir combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, al considerarlo «una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas».
ONCE PARTIDOS APOYARON EL ACUERDO
A esta adición se han sumado once fuerzas políticas entre las que destacan PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, mientras que el resto de formaciones como VOX o ERC, entre otros, disponen aún de plazo para expresar su adhesión.
Los nuevos puntos que se incorporan al pacto consisten en comprometerse a impulsar la urgente modificación de los reglamentos de las cámaras legislativas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales para adaptarlos a los acuerdos del Pacto. Además, las fuerzas políticas se comprometen a impulsar una iniciativa legal en la que se modifiquen las normas cuyo contenido queda afectado por los acuerdos.
Junto a ello, los partidos se comprometen a que sus respectivas mesas utilicen como criterio interpretativo la aplicación analógica de la normativa contenida en la Ley Básica de Régimen Local o cualquier otra que adecúe el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo.
También han acordado reforzar el criterio de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, así como una definición más precisa del concepto de persona tránsfuga.
Con todo, la adenda consensuada la semana pasada propone incorporar otros supuestos de deslealtad política que alientan estos fenómenos, como la usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales.
CASO DE ADELANTE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento andaluz acordó el 28 de octubre la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, tras votarse el escrito que registró la portavoz parlamentaria y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía, al entender que eran «tránsfugas».
Sin embargo, el órgano parlamentario decidió luego posponer una decisión al respecto para dar tiempo a sus miembros a analizar el informe elaborado por los Servicios Jurídicos, algo que se abordará este miércoles.
Teresa Rodríguez, que ostenta la presidencia del grupo Adelante y ha cargado contra esta solicitud , manifestó que «los servicios jurídicos del Parlamento presentan un informe demoledor» en el que les «dan totalmente la razón» y espera que no se guíe por el acuerdo «no ejecutivo» del pacto antitransfuguismo.
Mientras, Podemos Andalucía ha confiado en que se produzca una «resolución adecuada del evidente caso de transfuguismo político» que han protagonizado esos diputados
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