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SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) –
Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han sugerido a la Comisión Europea que «investigue si se está criminalizando a las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas» que se oponen a proyectos mineros en España como el de la mina de Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla.
Así lo han trasladado en el marco de una pregunta parlamentaria en la que dichos representantes de IU han pedido a la Comisión Europea que «aclare si avala el uso de tres millones de euros en el programa Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa (Mireu) para recopilar información y elaborar listados de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas que se oponen a los proyectos mineros en España, entre los que destaca la mina de cobre de Las Cruces».
Según informa IU en una nota, a través de esta pregunta parlamentaria, Rego y Pineda trasladan al Ejecutivo europeo las denuncias de Ecologistas en Acción, que la pasada semana advirtió de la existencia de dichos listados y «el uso interesado que están haciendo los gobiernos autonómicos, entre ellos el Gobierno andaluz, proclives a dar todas las facilidades a la minería extractiva».
Entre los objetivos de Mireu, que se enmarca dentro de la estrategia Horizonte 2020, «se incluye el de crear una base de datos sobre aceptación social de la minería e intercambio de experiencias sobre cómo convencer a las poblaciones que se oponen a proyectos mineros altamente contaminantes o cercanos a zonas habitadas», señalan los eurodiputados de IU.
Según Ecologistas en Acción, las consejerías de industria de Andalucía y Castilla y León, el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, y la Fundación ICAMCyL, todo organismos vinculados a gobiernos autonómicos, han sido los encargados de hacer dicho mapeo de conflictos por todo el país.
Esa «radiografía de la oposición a la minería en España» forma parte del proceso de adjudicación de proyectos, y, según IU, la participación de entidades públicas «pone en entredicho la limpieza del mismo», de ahí que «una treintena de organizaciones ecologistas de toda Europa hayan escrito a la Comisión Europea poniendo en entredicho la validez y transparencia de Mireu».
En su pregunta, Rego y Pineda advierten que se estaría vulnerando la «imparcialidad» que requieren esa clase de permisos y «la obligación de salvaguardar la legislación europea».
Al proyecto de la mina de cobre de Las Cruces, en Sevilla, se suman, según abundan desde IU, otros en el resto del país como la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), la mina de litio de Cáceres o la mina Muga en Aragón. Todos ellos «han despertado una gran alarma social por las consecuencias que este tipo de minería extractiva puede tener para su entorno».
Así las cosas, los eurodiputados sugieren a la Comisión Europea que «investigue si se está criminalizando a las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas con este procedimiento», y proponen emplear esos fondos al «desarrollo sostenible de las regiones mineras y metalúrgicas en lugar de para servir a multinacionales mineras».
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