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Charo Arroyo | Por fin parece que Rodolfo Martín Villa va a declarar ante la jueza Servini, aunque sea en la distancia. Este próximo día 3 de septiembre está todo preparado para que desde el consulado argentino en Madrid pueda ser interrogado por la jueza argentina.
No es baladí la insistencia de la jueza María Servini de Cubría por interrogar a uno de los máximos responsables de la transición sangrienta que continúa vivo. En el curriculum de este político y presidente de compañías privatizadas hay una multitud de muertes de las que su intervención le hacen responsable.
Miembro del movimiento desde su juventud, ya era conocido en la Universidad por su participación en el sindicato universitario, llegando a ser Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), la relación de cargos de responsabilidad política es interminable durante los últimos coletazos de la dictadura franquista.
Pero también ocupó cargos durante los primeros gobiernos tras la muerte de Franco. Es de destacar su paso por Barcelona como Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento en 1974, tras ser ajusticiado Salvador Puig Antich. Pero su carrera política es mucho más extensa y en cargos de responsabilidad estatal y, por ello, se le ha imputado por la masacre de Vitoria 76, los sucesos de San Fermines 78, la muerte de Arturo Ruiz y las muertes durante la semana pro amnistía en Euskadi en el año 1977.
Durante esos años ejerció el poder como Ministro de Relaciones Sindicales y Ministro de Gobernación e Interior. El resultado de las intervenciones policiales fue de varias decenas de muertos y miles de heridos, debido a la utilización de fuego real y la salvaje represión ejercida por las fuerzas armadas. Los audios de algunas de estas intervenciones ponen los pelos de punta por la desconsideración hacia las vidas que ponían en peligro con sus intervenciones salvajes. Pero, además, la permisividad con los grupos de extrema derecha era manifiesta por parte de las autoridades. Esa actividad violenta en las calles por parte de los grupos fascistas tuvo su punto álgido en la semana negra del 77 en Madrid con los asesinatos de Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera y los abogados de Atocha.
En todos los hechos nombrados
la sombra de Martín Villa está presente.
Por estos crímenes está imputado en la querella criminal abierta en Argentina que investiga los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista . Imputación que fue formulada hace 6 años con la solicitud de extradición para la toma de declaración y que desde el Gobierno español ha sido torpedeada en numerosas ocasiones. Se denegó la extradición y no se tomó ningún tipo de medida contra el imputado permitiéndosele todo tipo de actividades a pesar de tener una orden de detención tramitada a través de Interpol.
A tan solo unos días de la toma de declaración, todavía continúan los obstáculos. En esta ocasión, intentando presionar a la jueza con la presentación de avales por parte de ex presidentes de gobierno, ex secretarios general de CCOO y UGT y otros cargos del PSOE y la derecha hablando de las bondades de su participación política en la transición. A alguien a quien se le conoce como “la porra de la transición” no parece que tenga buena imagen ante la opinión pública. Fue especialista en hacer a acciones de trabajo sucio para acabar con el crecimiento de la CNT con el caso Scala, permisivo con la violencia descontrolada de las fuerzas armadas y siempre amparado por el poder económico y político.
Así, tras 6 años de espera, las víctimas de esa política del olvido y de la amnistía que se declaró para beneficio de los verdugos en una triquiñuela de los vencedores, esperan que por fin se haga JUSTICIA con todas las letras.
El 3 de septiembre tiene que ser recordado como el día que empezó a derrumbarse el muro de la impunidad del franquismo.
Charo Arroyo es integrante de la Comisión Memoria Libertaria de CGT.
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