La alcaldesa de El Escorial declara en el juzgado por el retraso en la exhumación de dos víctimas de la Guerra Civil | Madrid

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, del Partido Popular, declarará este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia por un posible delito de prevaricación administrativa por las trabas en la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, fusilados en 1936 pocas semanas después del comienzo de la Guerra Civil en Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Posteriormente, en 1959, los restos de los hermanos fueron trasladados al valle de Cuelgamuros (antes valle de los Caídos), de donde su familia exige que sean exhumados para devolverlos a Calatayud.

Ante la ralentización del proceso, la justicia investiga la actuación de la alcaldesa del PP por su negativa a conceder, el verano pasado, la licencia de obra que permite el acceso a las criptas de la Basílica que dependen del Ayuntamiento de El Escorial. La alcaldesa fue denunciada por las víctimas, quienes hace casi siete años, en marzo de 2016, obtuvieron el respaldo de la justicia a una digna sepultura, que todavía no se ha cumplido.

La negativa de la alcaldesa a conceder la licencia llegó después de que la Junta de Gobierno local acordara proceder a la exhumación de los restos del interior del valle y recuperar los de los aragoneses. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó la legalidad de la exhumación, lo que obliga a reactivar la licencia municipal de acuerdo al mandato de Patrimonio Nacional. Según los denunciantes, la actitud de la alcaldesa, “supone un abuso contra la reparación de las víctimas”. En caso de resultar culpable de prevaricación, la sentencia lleva aparejada la inhabilitación de la edil, aunque este no es el objetivo de la denuncia, sino que se haga efectiva la exhumación de los hermanos, aclara a este periódico el abogado Eduardo Ranz, que lleva el caso.

La oposición al PP en San Lorenzo de El Escorial ha cargado contra la alcaldesa por el injustificado retraso que atribuyen a maniobras y presiones de partidos como Vox que, sin embargo, no forman parte del Gobierno local. A Esteban Tettamanti, concejal de Podemos en el Ayuntamiento, le preocupa “quién está detrás de la paralización”. “Son asociaciones que conocemos perfectamente. Estos no defienden el valle de daños, sino un supuesto legado, y lo hacen con uñas y dientes”, señaló a la prensa. Los grupos de oposición denuncian que la actitud de la alcaldesa “va contra los Derechos Humanos de miles de familias, que tienen a sus familiares allí de forma ilegal”.

La alcaldesa, por su parte, justifica el retraso señalando que la decisión aún puede ser recurrida, al tiempo que ha denunciado ser víctima de “coacciones” y ataques injustificados de los defensores de la Memoria Histórica. Según López Esteban, se ha hecho un uso partidista del caso y defiende que “el proceder del Ayuntamiento viene determinado por los informes y se ajusta a la legalidad”. “El único interés de este Ayuntamiento, en este y en cualquier otro procedimiento en vigor, es cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente y, cómo no, las sentencias que pueda dictar la justicia, sin cuestionar esta alcaldía en ningún momento las resoluciones judiciales”, ha escrito en un texto firmado por la propia edil.

Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 el derecho de los familiares a recuperar sus cadáveres enterrados en el valle para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces. El juzgado reconoció el derecho de un hijo y sobrino y de una nieta y sobrina-nieta de los fallecidos a darles “digna sepultura”, ya que “el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos de la religión que profesa forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende”, señaló.

El Consistorio considera que todavía cabe recurso contra la decisión del TSJM, que levantó la medida cautelar que impedía desenterrar miles de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que se ha negado a facilitar el último trámite que permitiría la exhumación de más de 100 familias que llevan años luchando para recuperar los restos de represaliados enterrados allí sin consentimiento. Tras el retraso, los familiares de las víctimas anunciaron una querella contra la alcaldesa tras enviarle dos cartas para explicarle que los restos de sus familiares llegaron allí “tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver”.

Originarios de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), los hermanos Lapeña Altabás fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero en 1959 fueron enterrados nuevamente en el valle de los Caídos. Manuel Lapeña, además de veterinario, era un miembro destacado de la CNT y fue fusilado un mes después del levantamiento militar sin juicio alguno. Su hermano Antonio, herrero de profesión y simpatizante del movimiento obrero, fue fusilado en las tapias del cementerio municipal dos meses después de su hermano tras permanecer huido. En su caso tampoco hubo juicio ni condena y ninguno se había visto envuelto en acciones violentas.

Según el censo del Ministerio de Justicia, en Cuelgamuros están enterrados los restos de 33.833 personas ―casi la mitad sin identificar― de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país. Desde hace años, 104 familias pelean para recuperar a sus parientes enterrados sin su consentimiento en el valle de los Caídos y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) ha denunciado el retraso y “seis años de reuniones, palabras vacías y mentiras”.

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