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CÁDIZ/SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) –
La Coordinadora por la Defensa de la Sanidad Pública de la Provincia de Cádiz, representada por cerca de 30 ayuntamientos, PSOE, IU, Podemos, Adelante Cádiz, AxSI, Facua, Marea Blanca Gaditana, UGT Y CCOO ha sido recibida por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, a quien le han expuesto «la grave situación en la que se encuentra la sanidad pública en la provincia de Cádiz».
La atención primaria, las listas de espera para consultas hospitalarias, pruebas complementarias e intervenciones, la falta de profesionales y la precaria situación de los mismos, la necesidad de centros de salud en algunas ciudades o los conciertos con la empresa Pascual, son algunos de los temas comentados y debatidos con Maeztu y su equipo técnico, que se ha comprometido a ampliar la información presentada y elaborar un documento que llevará al próximo encuentro con la Consejería de Salud.
Según ha explicado la Coordinadora en una nota, en la reunión, celebrada el pasado 18 de enero, se han analizado los hitos que se están dando lugar en la provincia de Cádiz y que, en su opinión, «hacen prever el seguimiento de una estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública en la provincia a favor de los conciertos con clínicas privadas». En ese sentido, ha apuntado al aumento del presupuesto de la Junta en los conciertos con el grupo Pascual y las derivaciones que se están haciendo desde centros de salud públicos a especialistas privados, «dejando instalaciones públicas casi sin uso».
Así, se ha analizado la actual situación de Cádiz intramuros, de la que el Defensor ha tomado nota para analizar en próximas sesiones parlamentarias. También se ha querido poner de relieve la particular situación que vive la Sierra de Cádiz, con la falta de profesionales «ante la precaria oferta contractual que se les ofrece y la falta de centros hospitalarios para atender a una población rural con graves problemas de comunicaciones».
El Defensor se ha preocupado por la situación de personal del Hospital de Villamartín, centro de Pascual concertado con la Consejería, así como por la circunstancia de la atención de gran parte de la población de la Sierra de Cádiz en el Hospital de la Serranía de Ronda. También ha apuntado como preocupante el hecho de las pocas ambulancias de las que se dispone, compartidas además entre más de seis pueblos, distantes entre sí casi una hora de camino en algunos casos.
Además de estas situaciones, la coordinadora ha puesto el énfasis en dos asuntos «de vital importancia» para la salud de la ciudadanía de la provincia de Cádiz, al considerar que tienen menor proyección y que son la situación de la salud mental y las urgencias extrahospitalarias. A este respecto han trasladado al defensor del pueblo distintas consideraciones sobre estos asuntos. En relación a la salud mental, han argumentado que «no es deficitaria sino que no existe».
«Los tiempos de espera para citas de primera vez son incompatibles con los trastornos mentales, dándose circunstancias tan graves que acaban en demasiadas ocasiones en suicidios, es por ello que tanto la psiquiatría como la psicología son especialidades médicas que mantienen una actividad privada masiva, precisamente porque la pública no da respuesta», ha lamentado, añadiendo que son enfermedades con un componente «muy social» , ya que «solo tienen acceso a la sanación las personas con un poder adquisitivo que les permita pagar los costes de un profesional de la sanidad privada».
La Coordinadora ha denunciado que el Hospital Puerta del Mar de Cádiz no cuente con un servicio para urgencias de salud mental, y que los enfermos y sus familiares «se vean abocados» a solicitar la atención urgente en el Hospital de Puerto Real, «lo que genera desigualdades sociales».
«Nos parece indecente que la atención médica de las adicciones no se haya integrado en las agendas del Servicio Andaluz de Salud, a pesar de estar incluidas desde hace más de tres años. Este hecho condiciona que siga existiendo el traslado desde los hospitales a los Centros de Drogodependencias, incluso en días festivos o bien horarios nocturnos, en los que es conocido que están cerrados», ha afirmado.
Respecto a las urgencias extrahospitalarias, la Coordinadora ha defendido que es un servicio de atención primaria «del que poco se habla, a pesar de sufrir grandes déficits de medios y de profesionales, fundamentalmente médicos» y ha advertido que estos profesionales llevan en conflicto «desde hace muchos meses, sin que la Junta de Andalucía de respuesta a sus justas reivindicaciones». «Lo que pretende el Gobierno andaluz, de mayoría absoluta del PP, es tratar de normalizar que las Ambulancias de Urgencias no lleven médicos», ha advertido.
En su opinión, lo que está haciendo el Gobierno andaluz es «mantener dos servicios para realizar las mismas asistencias (SUAP y 061), con claras diferencias en cuanto a dotación de profesionales y medios técnicos, lo que significa que existe una ciudadanía de primera y de segunda categoría». Este hecho, ha apuntado, «también origina desigualdades sociales».
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