Rafael Cordón Aranda | Si en todo el país la involución y la corrupción no ha dejado de ampliarse, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia este proceso avanza ahora de la mano de la extrema derecha con partido propio o sin él. El mercadeo de votos y de cargos en el gobierno regional para hacer fracasar la moción de censura, que debería sonrojar hasta las personas más conservadoras, tiene el terreno abonado en una región que lleva tantos años de gobiernos que basan su éxito en la compra de voluntades y de bolsillos: un clientelismo bien abonado por el poder empresarial en el que el PP es experto y el PSOE se ha mostrado siempre tímido en denunciar.

Y como sabemos que el poder económico y político se amalgama en nuestro país con la iglesia católica, defensora a ultranza del capitalismo, el cóctel en nuestra región tiene los ingredientes puestos a punto y con ciertas peculiaridades que lo hacen único. Por un lado un modelo empresarial dependiente de flujos externos de capital pero con un sector boyante: la agroganadería industrial, intensiva y depredadora de recursos medioambientales y humanos bien asentada desde hace algunas décadas y que promueve el racismo y la xenofobia sobre todo en capas de la población donde  residen los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes. Por otra parte, una sociedad en la que predominan ideas conservadoras en la religión que han tomado fuerza en una organización sectaria, los llamados kikos, que cuenta incluso con una universidad privada que ha tomado parte activa en la política y que desde su ideología integrista ha ido desplazando sus simpatías hacia la extrema derecha.

Ahora, tras la compra de diputados de la asamblea regional por el Partido Popular y la incorporación de los ex-Ciudadanos con una consejería para cada uno como premio, se han animado los diputados y la diputada de la extrema derecha a sacar tajada de la situación de debilidad del gobierno y pretenden conseguir la consejería de Educación y Cultura con la que imponer el veto parental y el cheque escolar dentro de su modelo de anti-Cultura y anti-Educación.

El veto parental es solo parte de la avanzadilla de la ideología más reaccionaria para implantar una censura previa a la acción educativa en los centros educativos como paso previo a la imposición de su modelo educativo. El que llaman cheque escolar, consistente en ingresar una cantidad de dinero a cada familia para sufragar parte del gasto en el centro educativo que elijan, es una vieja aspiración de la derecha ultraliberal para someter en su totalidad, y más de lo que ya está, el sistema educativo a las puras y duras normas de la competencia mercantilista. Cínicamente lo llaman libertad educativa.

Esas propuestas, junto a las que quieren hacer efectivas contra los inmigrantes, el apoyo incondicional a la caza y a las corridas de toros, su oposición al derecho de las mujeres al aborto, la negación de la violencia machista y su defensa del ultraliberalismo económico ya estaban en en el ideario de la derecha y en su práctica política. Así, en el año 2018 la consejera de educación del PP Martínez-Cachá prohibió las charlas de educación de salud afectivo-sexual, prevención de la violencia y del acoso escolar que se habían programado. Y vemos como el PP y la extrema derecha compiten para ver quien se muestra más defensor de la caza, quien es más antiabortista o cual de ellos —asunto con el que comulga el PSOE, no en vano les une la defensa del capital por encima de todo—. Se apoya a la universidad privada y los centros docentes privados no paran de crecer gracias a las medidas de apoyo del PP, el entusiasmo de la extrema derecha y el dejar hacer del PSOE. De Ciudadanos ¿para qué hablar?

Por eso ahora, plataformas en defensa de la enseñanza pública, sindicatos, asociaciones de estudiantes y otros colectivos se han unido contra el intento de entregar aún más la cultura y la educación a quienes quieren monopolizarla. El día 25 de marzo hubo acciones de protesta convocadas en Murcia y en Cartagena y más de 6.000 firmas se llevan recogidas para manifestar el rechazo a la cesión de Educación y Cultura a manos de la extrema derecha.

Tenemos un sistema educativo que arrastra un déficit democrático y de recursos, con docentes y alumnado sometidos a unas condiciones vejatorias, con casas de apuestas cerca de colegios e institutos, sin las condiciones necesaria para afrontar la covid en mejores condiciones, con aulas masificadas para la situación excepcional en pandemia, con falta de profesorado y sin garantías de seguridad para la vuelta a la presencialidad total. Tenemos un gobierno para el que la cultura es promocionar y subvencionar sobre todo las fiestas patronales y las procesiones, la caza y la tauromaquia y para el que hacer cultura es construir edificios faraónicos que no se usan.

Y ahora, con la extrema derecha a la cabeza de la consejería o sin ella, el gobierno regional en esta nueva situación tendrá más fácil la implantación de las medidas más retrógradas de la agenda de Vox, creando conflictos donde no los hay —nunca ha habido denuncias por las actividades o las charlas ni en colegios ni en institutos de la región— y cercenando las condiciones materiales de la enseñanza pública y de la cultura.

Así, este nuevo gobierno en la Región de Murcia, si no lo impedimos, está en condiciones de abrir el paso a los proyectos totalitarios de la extrema derecha. ¡Nos tendrán enfrente!





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