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A sus 83 años, Martín, vecino de Cevico de la Torre, un pueblo de Palencia de apenas 400 habitantes, recuperó los huesos de su madre. Se llamaba Catalina y no la recordaba. Cuando la fusilaron, era un bebé de 9 meses. El Martín adulto ni siquiera conocía su rostro. Nunca tuvo una fotografía para imaginarla. En junio de 2019, cuando devolvieron sus huesos a la familia, sólo una persona viva tenía recuerdos de ella: su hija Lucía. Con 95 años lloraba, triste y alegre, al recuperar a su madre. Nunca pensó que llegase a verla, a enterrarla con su padre. Sus otros dos hermanos, ya fallecidos, no pudieron vivir ese momento. La historia de Martín, Lucía y Catalina tuvo cierta repercusión gracias a un sonajero de colores. El que llevaba Catalina en el bolsillo de su delantal el día que la mataron. Fue rescatado junto a sus restos por un equipo de antropólogos que buscaba a 250 represaliados en el antiguo cementerio municipal de Palencia, un cementerio invisible salvo para la memoria, sobre el que se construyó un parque infantil. Se lo devolvieron a Martín y le regalaron un recuerdo palpable que le traía de vuelta un trocito de su vida con su madre.
Esta es una de las miles de historias de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura que terminaron en una fosa o en una cuneta. De miles de hombres y mujeres, y de sus familias, que durante décadas no tuvieron ni el consuelo de una tumba a la que llevar flores. Un lugar donde rezar, llorar, recordar o contar, en voz alta o baja, sucesos cotidianos. A veces, con la impotencia de saber dónde estaban, sin poder desenterrarlos. Otras, con el desgarro de la ignorancia absoluta. Muerto el dictador, las iniciativas familiares y el apoyo de algunas corporaciones municipales impulsaron un proceso irregular de exhumaciones cuyos promotores no siempre lo tuvieron fácil.
El fracaso del golpe de 1981, con su recordatorio de que una parte del Ejército no veía con buenos ojos el nuevo rumbo del país y el pánico a un retroceso, aceleró el proceso de democratización. Los pactos pendientes se desencallaron y pronto llegó la abrumadora victoria socialista del 82, clave para la consolidación democrática. Pero el miedo del 23-F propició también un giro conservador que frenó las exhumaciones y otras incipientes políticas de memoria. Entre 1978 y 1980, los gobiernos de UCD aprobaron varios decretos que buscaban la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil mediante la concesión de pensiones. Durante los mandatos socialistas, se aprobó, sólo una ley, en 1984, La que reconocía los servicios prestados a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de Orden Público de la República. Las indemnizaciones a quienes sufrieron prisión durante la dictadura, derivadas de la ley de amnistía de 1977, tuvieron que esperar a los noventa. La mayor parte de estas disposiciones no llegó hasta los 2000.
Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la llamada “ley de memoria histórica”. No encaró todos los desafíos pendientes, pero supuso un espaldarazo para las políticas de memoria. Una de sus mayores debilidades fue su renuencia a asumir la exhumación de víctimas de la represión como una responsabilidad del Estado. Por el contrario, se privatizó y su participación se limitó a financiar las actuaciones de otras entidades. Las asociaciones de memoria siguieron siendo el motor de una política pública imprescindible para la salud democrática del país.
Al amparo del marco legal de esta norma, varias comunidades pusieron en marcha sus propias iniciativas legislativas de memoria democrática, con la intención de complementar la ley estatal o de mantener las actuaciones cuando el cambio de Gobierno dejó las subvenciones a cero. Lo curioso es que, a pesar de la actitud beligerante con la que un Partido Popular en la oposición había acogido la ley de Zapatero, acusándola de sectarismo revanchista, demagogia divisiva y ataque a la Transición, el comportamiento del PP en algunas autonomías fue muy diferente. En Baleares, los populares votaron a favor de la ley de memoria del primer Gobierno de Armengol en 2018. Aunque “el texto no los convencía al cien por cien”, su diputado, Juan Manuel Lafuente, afirmó que la Guerra Civil era un “desgraciado hecho histórico” que “no se debería utilizar para el enfrentamiento político, ni para lograr votos a corto plazo”. “Los muertos son de todos y forman parte de nuestra historia”, defendió.
En Castilla y León, el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera presentó un decreto que sometió a participación pública y recogió iniciativas de asociaciones memorialísticas y sindicatos. El decreto se iniciaba con una condena de la dictadura y su represión. Su objetivo principal era regular el proceso de localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Además, recogía la necesidad de elaborar un mapa de fosas, planteaba la posibilidad de crear un banco de ADN e incluía cuestiones de memoria en los contenidos de ESO y Bachillerato. Un decreto de la concordia que parecía dejar fijado el mínimo común donde izquierda y derecha podían encontrarse en cuestión de memoria democrática. No deja de ser significativo que Vox escogiese su derogación como condición para apoyar la investidura del Fernández Mañueco.
Por eso resulta desolador que cuando al fin llega al Congreso la oportunidad de dar respuesta a esta deuda, de que el Estado se responsabilice de las exhumaciones, la discusión vuelva a la casilla cero. Que desaparezca la reflexión sobre el contenido, como si nadie se hubiese leído la norma. Que regresen las acusaciones de sectarismo, falta de oportunidad, reabrir heridas y no mirar hacia adelante. Que el voto sea no desde el principio, sin un intento de negociar el articulado. El apoyo de Bildu aceleró aún más el rechazo. Que la ley se apruebe, entre otros, con sus votos, justifica una posición ya tomada, dando alas a la indignación. El quién se impone al qué, como si las políticas transformadoras no se sostuviesen en el contenido. Como si no se hubiera podido negociar antes. Como si el PP y los abertzales no hubieran coincidido nunca en el sentido de su voto.
La promesa de Feijóo de derogar por completo la norma cuando gobierne suena aún más decepcionante en quien se define como moderado y dice querer ser presidente de todos. No que la modificará, sino que la derogará por completo. ¿Merece la pena abandonar de nuevo a las Catalinas, Lucías y Martines que siguen esperando por un guiño al electorado más escorado a la derecha? ¿Por qué hacer incompatible llorar y honrar a Miguel Ángel Blanco con llorar y honrar a otras víctimas que llevan décadas esperando? Como si los muertos no fuesen de todos y no formasen parte de nuestra historia.
Mientras discusiones huecas nos alejan de lo importante, la vida de quienes anhelan recuperar a sus padres se va apagando, como la de los hermanos de Martín y Lucía que no pudieron enterrar a su madre.
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