Un golpe de efecto.

La creación de la Oficina Anticorrupció durante la pasada legislatura generó una notable polémica, debido a la escasa claridad de sus funciones que colisionan con la de la Fiscalía Anticorrupción y una notable falta de medios. La puesta en marcha del departamento encabezado por Jaime Far pretendía ser un gesto político para frenar el deterioro de la imagen institucional ante los ciudadanos, dada la profusión de casos que se investigaban en las instancias judiciales. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue pendiente de resolver, como es la superposición de funciones entre el organismo autonómico y el judicial. Una duplicidad que sigue sin poderse justificar.

Acelerar la eficacia.

Ante unos hechos consumados, Anticorrupció no tiene otra opción que justificar su existencia enfatizando su eficacia frente a los ciudadanos. El que los expedientes se acumulen en un organismo que apenas tiene tres años desde su creación sólo crea desconfianza, más cuando su labor es tan delicada como la de aportar transparencia en la Administración. Far, como máximo responsable de la Oficina tiene por delante una ardua tarea para dotarla de credibilidad, y el mejor método es ser resolutiva en los temas que aborda. No es sencillo, pero las soluciones no pueden demorarse más.