Redacción | La Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza” como es conocida habitualmente vuelve en estos días a debate en el Congreso de los diputados. Una ley impuesta en 2015 gracias a la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy con el fin claro de limitar la libertad de expresión en un momento de auge de la conflictividad social y sindical tras el inicio de la crisis económica de 2008. Una ley señalada por el diario “The New York Times” como un claro retroceso “a los claroscuros del régimen franquista”. Así mismo numerosos organismos internacionales han criticado esta normativa y vienen exigiendo su derogación.

Tras años de movilizaciones y denuncias la necesidad de su derogación fue incorporada a sus programas por el conjunto de la izquierda parlamentaria, incluyendo Unidas Podemos y al propio Pedro Sánchez, quien se comprometió a derogarla cuando ocupaba la oposición. Pero como pasó la semana pasada con la decisión del Gobierno del PSOE y UP de no derogar la reforma laboral del Partido Popular, las últimas noticias indican que el ejecutivo no derogará la “ley mordaza” acometiendo simplemente algunas reformas.

Modificaciones que según han expresado organizaciones civiles y políticas son claramente “insuficientes”. El objetivo de esta medida ha estado claro desde el primero momento, frenar y coartar los conflictos que atravesaban al conjunto de la sociedad en un momento de fuerte efervescencia política en plena crisis política y económica. Como ha explicado el periodista Carlos Martínez al medio spanishrevolution.net “La ley mordaza tiene el objetivo principal de perseguir piquetes de huelga e impedir por tanto la libertad sindical y poder reprimir las concentraciones y manifestaciones de protesta ya sea social y/o sindical de forma que las y los trabajadores o desahuciadas no puedan concentrarse en la calle o ante centros comerciales o sedes empresariales principalmente”. Por esto es intolerable que el Gobierno autodenominado como más progresista de la historia no acometa la necesaria derogación total de esta medida. De cuya decisión depende que se sigan sucediendo sucesos con el riesgo de prisión para seis jóvenes zaragozanos acusados de agredir policías en una manifestación con la única prueba de las declaraciones inconexas de los propios cuerpos policiales. Situación que el europarlamentario de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ya denunció ante el Parlamento Europeo. O la persecución jurídica a la que se enfrentan trabajadoras y trabajadores de Cádiz fruto de la represión policial en la pasada huelga del metal en la Bahía.

Ante el riesgo de que los puntos centrales de la “ley mordaza” del Partido Popular sigan vigentes la plataforma “No Somos Delito” ha convocado en todo el Estado movilizaciones por su derogación. Actualmente las convocatorias anunciadas se encuentran en A Coruña, Albacete, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Guadalajara, Iruña, Madrid, Mérida, Murcia, Oviedo, Pamplona, Toledo, Terrassa, Valencia y Vitoria.

Desde Poder Popular animamos a acudir a las movilizaciones y exigimos la derogación completa de la “ley mordaza”, porque protestar y luchar por nuestros derechos no es ningún delito.

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