La producción sostenible da la cara en los foros globales

La Argentina, alguna vez, tendrá políticas de Estado. Son aquellas que se mantienen a lo largo del tiempo, independientemente del color político de quien gobierne. Y el agro, por ser uno de los sectores más competitivos de la economía, tiene todas las condiciones para tenerlas.

Esta semana hubo un gesto por acercarse a lo que debería ser una política de Estado, tal como la tienen los países que no van de un lado a otro del péndulo. Se trata del documento que presentó el Ministerio de Agricultura a una decena de entidades del sector, desde las gremiales hasta las técnicas y las de la exportación, para que el país tenga una posición común en los organismos internacionales que evalúan medidas sobre el cambio climático y los sistemas de producción de alimentos.

En el documento, básicamente, se sostiene que “los sistemas agro-bio-industriales son parte de la solución al desafío de alimentar al mundo de forma sostenible y erradicar la pobreza”. Para decirlo de otro modo, quienes pretenden colocar en el banquillo de los acusados a la producción agrícola y ganadera están errando el diagnóstico.

Frente al cambio climático, la Argentina, como parte de una región más amplia del Mercosur, puede exhibir su sistema conservacionista de siembra directa, que abarca a más del 90% de la superficie, que ahorra agua, combustible y frena el deterioro de los suelos. Por supuesto, hay mucho por mejorar y hay numerosas experiencias en marcha que están dando un paso más. Por ejemplo, de la reunión que convocó esta semana para analizar el documento el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, participó la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Allí, Alejandro Clot, gerente coordinador de los programas de la entidad, destacó que la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (Fefac, en sus siglas en inglés) valida el programa de Agricultura Sustentable Certificada de la entidad, reconocido para la compra de materias primas sustentables. “Estamos en el camino de desarrollar una agricultura siempre verde”, señaló Clot, en referencia al impulso de los cultivos de servicio, entre otras prácticas.

También hay otras iniciativas que están aplicando esos principios como el Programa Argentino Carbono Neutro (Pacn) que ofrece una oportunidad de mejora para reducir la huella ambiental de la producción, a cargo de las bolsas de cereales y comercio de todo el país.

“Tenemos una agricultura baja en carbono y vamos hacia la neutralidad”, afirma Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC e integrante del Consejo Agroindustrial Argentino.

Otros puntos clave del documento que Agricultura pretende que la Cancillería haga suyo, aun a costa de discutir con el Ministerio de Ambiente es la defensa de la ganadería. “Nuestra ganadería extensiva es altamente segura en términos sanitarios, eficiente en materia de bienestar animal y en términos ambientales”, destaca la declaración y añade: “existe evidencia científica que demuestra que la captura y secuestro de carbono de nuestro sistema productivo de naturaleza extensivo-pastoril, compensa largamente las emisiones”. Y va más allá, señala que “además del aporte del sector ganadero a la seguridad alimentaria, un consumo balanceado de proteína animal es bueno para la salud como fuente de nutrientes esenciales, que no pueden obtenerse fácilmente de las proteínas de origen vegetal”. La definición, claramente, apunta a quienes desde organismos como Naciones Unidas alientan la penalización de la ganadería como responsable del calentamiento global con la aplicación de impuestos como tasas de carbono a las carnes rojas.

Una de las citas de la discusión global tendrá lugar próximamente en Glasgow, Escocia, donde se realizará la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), desde el 31 de este mes. En el documento elaborado por Agricultura, se sostiene que la Argentina es apenas el responsable del 0,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero mientras que hay cinco países que son responsables del 60% de las emisiones. Por ese motivo no debería ser obligada a reducir su producción sino que tendría que inscribirse en quienes trabajan en medidas de adaptación al cambio climático. Esto, según explican los expertos, incluye el pago de servicios ecosistémicos, es decir, darle valor económico a la captura de carbono, que, entre otras cosas deriva en los mercados de bonos verdes. Es que, como define el documento, la producción sostenible tiene tres pilares: el social, el ambiental y el económico.