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Las Reforma de la Ley Concursal brinda nuevas herramientas a las pymes y microempresas para sortear la liquidación que han sido examinadas en la jornada ¿Cómo Afecta la Reforma Concursal a las Pymes Españolas?, convocada este jueves, en Madrid, por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, y que puede ser visionada en el siguiente enlace

Inaugurada por el presidente de CEPYME, D. Gerardo Cuerva, la jornada ha abordado cuestiones técnicas de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, con el fin de acercar los nuevos mecanismos que brinda a las pymes y, de este modo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a evitar un indeseado concurso de acreedores.

Aunque es prematuro valorar la virtualidad de la reforma concursal para lograr metas como la reducción de los procesos que acaban en liquidación, lo cierto es que la nueva normativa moderniza el sistema anteriormente vigente y arbitra cauces que permiten desjudicializar el procedimiento, lo cual a priori anuncia una merma de los costes que soportarán las empresas en comparación con el marco legal anterior.

Por este motivo, CEPYME lamenta que la reforma no llegara antes y que España haya sido uno de los países de la UE más rezagados en la homogeneización del marco concursal con el entorno europeo, máxime teniendo en cuenta el impacto en el engrosamiento de la deuda de las pymes españolas que depararon las restricciones decretadas a comienzos de la pandemia.

Desde CEPYME se han identificado problemas en la Plataforma Concursal del Ministerio de Justicia que deberían ser subsanados en el menor tiempo posible.

Las pymes españolas han padecido desde marzo de 2020 un entorno normativo cambiante y, aunque recibieron 130.000 millones de euros en créditos avalados por el ICO, ese alivio fue transitorio y ahora deben acometer devoluciones justo cuando los costes laborales y la inflación crecen con intensidad.

Igualmente, la moratoria concursal supuso un alivio temporal para las pymes, pero, como matiza el presidente de CEPYME, tuvo un “efecto colateral” en el hecho de muchas empresas continuaron su funcionamiento a pesar de atravesar una situación crítica.

Por su parte, el magistrado y especialista en Derecho Mercantil, D. Andrés Sánchez Magro ha llamado la atención sobre cómo el marco legal anterior provocaba que alrededor del 99% de los concursos acabaran en liquidación, extremo que CEPYME espera pueda restañar el nuevo esquema normativo.

Las últimas estadísticas oficiales, analizadas por CEPYME en el Indicador Sintético de la Situación de las Pymes (IPYME) correspondiente al cuarto trimestre de 2022, que se publicará a finales de este mes de marzo, marcan una clara tendencia alcista en el número de concursos de acreedores presentados en el cuarto trimestre de 2022, alcanzando el total de deudores concursados la cifra de 5.544, lo que supone un aumento del 86,4% respecto al mismo período del año anterior.

Del total de 5.544 concursos registrados en el cuarto trimestre de 2022, 4.407 lo fueron de personas físicas y 1.137, de empresas. El número de pymes concursadas subió un 23,6% interanual en el cuarto trimestre de 2022, al pasar de los 753 concursos registrados entre septiembre y diciembre de 2021 a los 931 del mismo periodo de 2022.

El plan de reestructuración, una oportunidad para las pymes endeudadas

Estos datos no hacen más que apoyar la idea de que el empresario debe estar preparado y anticiparse a una posible situación de insolvencia, que es precisamente lo que busca ofrecer la nueva reforma de la Ley Concursal, una herramienta para trabajar mediante un Plan de Reestructuración, en la toma de medidas que eviten llegar al concurso de acreedores.

Esta nueva figura, analizada por el socio de F&P Asesores, Jaime Fúster, durante la jornada, se puede erigir como una potente herramienta, una suerte de muro de contención, que evite el concurso, además de incluir una serie de ventajas para la empresa respecto al marco previo.

El socio de CYRE, Juan Rosillo-Daoiz, ha analizado el tratamiento de la deuda en el nuevo contexto legal, así como las vías de optimización de recursos para efectuar reestructuraciones operativas y financieras de forma que la adquisición de unidades productivas (UPAs) se convierta en una vía para la supervivencia empresarial.

El socio de F&P Asesores, Carlos Fernández-Pita ha analizado el procedimiento abreviado marcado por la nueva ley para las empresas más pequeñas, de las más vapuleadas por la crisis sanitaria, el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) y la inflación

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