El monumento a la República en la plaza de Llucmajor, en Barcelona.
El monumento a la República en la plaza de Llucmajor, en Barcelona.Consuelo Bautista

Han pasado muchos años desde la Transición, pero cambiar ciertas inercias sigue siendo una quimera. Desde esta semana y hasta el próximo mes de mayo el Ayuntamiento ha puesto en marcha unas jornadas de debate sobre memoria y espacio público bajo el título ‘La Barcelona incómoda’. Es una evidencia que los monumentos conmemorativos o alusivos a la República —inexistentes en el espacio urbano hasta bien avanzada la transición— comenzaron a ubicarse en los barrios periféricos a partir de los años noventa. Ahí está el vanguardista Pabellón de la República, que se exhibió en 1937 en París, una réplica del cual se encuentra en el Vall d’Hebron desde 1992. Otro tanto sucedió con el monumento La República. Homenatge a Pi i Margall. Si en 1932 la escultura de Viladomat coronaba el paseo de Gràcia, hasta mediados de los ochenta no salió de la clandestinidad para ser colocada el 14 de julio de 1990 en la plaza de Llucmajor, en Nou Barris, que hasta 2016 no se denominó plaza de la República. En la Rambla del Carmel, en una de las inhóspitas bocas del túnel de la Rovira, se encuentra desde 1988 el monumento a las Brigadas Internacionales, pagado por asociaciones memorialísticas norteamericanas, entre ellas la del batallón Abraham Lincoln. El desaparecido Oriol Bohigas se propuso monumentalizar la periferia, lo que redundó en una mejora urbanística y, al tiempo, facilitó la centrifugación de lo incómodo.

Los perdedores tienen mal acomodo en el centro de la ciudad, tal como sostuvo en la jornada inaugural de las citadas sesiones de La Barcelona incómoda el historiador Manel Riques. La transición mantuvo inicialmente en la clandestinidad urbana a la República mientras trataba con indulgencia la simbología franquista. Era una actuación que pretendía no desatar las iras de esa España que ora y embiste, cuando se digna usar de la cabeza. El cierre en falso de toda esa época se refleja en ¿Dónde está Franco?, editado por Tres Hermanas, en el que la arquitecta Julia Schultz-Dornburg describe su lucha kafkiana contra la maraña burocrática que le impidió ver y documentar seis de las nueve estatuas ecuestres del Caudillo dispersas por España, expulsadas de la vía pública para residir en los más insólitos lugares, desde una universidad laboral abandonada y con aluminosis hasta un aparcamiento municipal. El hecho es que nadie sabe qué hacer con ellas, falta un relato oficial de cómo tratar al dictador en un país con muchas heridas por curar, víctimas sin reparar, donde crece la extrema derecha y en el que, como sostiene el hispanista Sebastiaan Faber, ha faltado consenso transversal antifascista.

Hace unos días la Associació catalana d’expresos polítics del franquisme pidió a los grupos parlamentarios que practicaran “la inteligencia política” y huyeran de “maximalismos estériles” para dar un impulso definitivo en el Congreso de los Diputados al proyecto de ley de Memoria Democrática, que supere los déficits de la de 2007. Y apuntan que un paso en la buena dirección sería que el currículum escolar incluyera lo que antes se ocultaba y ahora se blanquea: que durante 40 años hubo una dictadura que torturó, fusiló o encarceló a quienes se atrevieron a plantarle cara.

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