La comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados nombra este martes a los miembros de la ponencia que redactará el informe con las enmiendas al proyecto de ley por el derecho a la vivienda, uno de los más controvertidos del Ejecutivo de coalición. PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en su acuerdo de Gobierno de hace tres años a acabar con las subidas abusivas en los precios del alquiler, pero la legislatura entra en su último año y todavía no se ha aprobado la norma. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno se ha fijado marzo como tope para rematar las negociaciones y aprobar la ley de vivienda, la primera de la democracia. Después, en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, lo ven imposible.

El Ejecutivo de coalición envió en febrero del 2022, hace casi un año, el proyecto de ley al Congreso, donde se le incorporarán unas 400 enmiendas de las 866 presentadas por todos los grupos parlamentarios. Cuando la ponencia acabe el informe, empezará el debate de la ley de manera pormenorizada y, en ese periodo, también se podrán introducir enmiendas.

Según fuentes socialistas, el partido de Pedro Sánchez ha aceptado rebajar el número de viviendas que debe tener un propietario para que se le limite el precio del alquiler en una zona tensionada (pueden ser en torno a cinco en la misma zona). En la redacción actual, se consideraban «grandes tenedores» aquellas personas o entidades que tuvieran más de 10 viviendas, una cifra que Unidas Podemos considera desorbitada.

Las fuentes socialistas también se muestran abiertas a rebajar de 18 a «ocho o 10» el tope de meses para tener disponible el índice de precios al que deban atenerse los grandes propietarios.

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Si el Gobierno acaba logrando la aprobación de la ley en marzo, podrá ir a las elecciones municipales y autonómicas con una baza importante para el electorado socialista y, sobre todo, morado. Unidas Podemos también confía en que en este acelerón legislativo antes de poner las urnas de mayo llegue la derogación de la ley mordaza.

Fuentes gubernamentales consideran que la ley de vivienda puede dar impulso a los barones socialistas, que presiden las comunidades autónomas, ya que la competencia en materia de vivienda les corresponde. Serán los gobiernos autonómicos los que podrán aplicar o no la regulación de los alquileres. El Estado da una base general, pero las comunidades son las que desarrollan las normas y las aplican.



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