Juan García-Gallardo, próximo vicepresidente de Castilla y León, de Vox, a la izquierda, saluda al recién elegido presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes en Valladolid.
Juan García-Gallardo, próximo vicepresidente de Castilla y León, de Vox, a la izquierda, saluda al recién elegido presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes en Valladolid.Europa Press

Habrá que esperar para saber cómo afecta la anunciada ley de violencia intrafamiliar de Castilla y León a las víctimas de la violencia de género o el futuro decreto de “concordia” a los familiares de los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Para cumplir con las exigencias de Vox, su nuevo socio de coalición, el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que hacer encajes de bolillos y justificar por qué los beneficios otorgados a quienes sufren violencia intrafamiliar no se extienden a los que padecen otros tipos de violencia, como los delitos de tráfico o las negligencias médicas. Todo por el afán de diluir la violencia de género en un tótum revolútum y no reconocer que esta tiene unas características singulares y que las agresiones machistas solo son la expresión extrema de una forma de dominación basada en la superioridad física o la dependencia económica, psicológica y emocional.

Tampoco le será fácil elaborar un decreto sobre memoria histórica que refleje el ánimo de reconciliación entre los españoles más fielmente de lo que lo hace el ahora vigente, que Vox le ha obligado a derogar. Una norma que trata a todas las víctimas de la Guerra Civil por igual, sin diferenciar un bando de otro. Habrá que ver si en el futuro decreto se mantiene la expresión “dictadura franquista” que figura en el actual o el PP se suma a la operación de blanqueamiento del régimen de Franco que encabezó Abascal al homologar los gobiernos de la democracia con los de la tiranía. La gran paradoja sería que Mañueco nombrase a un miembro de Vox —partido al que ha entregado la Consejería de Cultura— como representante de la Junta en el patronato del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, que alberga el gran archivo de la Guerra Civil.

Pero a la espera de que se materialicen estos presagios, el pacto PP-Vox tiene ya sus primeras víctimas: los gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) de Castilla y León. El anteproyecto de ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género —este era su nombre oficial— estaba listo para ser aprobado por la Junta cuando Mañueco decidió disolver anticipadamente las Cortes en diciembre pasado. El PP prometió que tramitaría la ley en la siguiente legislatura, pero el flamante presidente lo ha eliminado de su programa de Gobierno, por exigencias de Vox.

Entre otras medidas, el anteproyecto prohibía las llamadas “terapias de aversión” o reorientación sexual, que tratan la homosexualidad como si fuera una perversión o una enfermedad y expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU consideran una forma de tortura. Además, castigaba como infracción leve, con hasta 3.000 euros, “emitir expresiones vejatorias contra las personas por su orientación sexual en las redes sociales”. Justo lo que hizo el vicepresidente in pectore de la Junta, Juan García-Gallardo.

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