Los mil esclavos de la naranja | España

Por fuera parecía una vivienda unifamiliar más. Ubicada en un barrio de las afueras de Onda (Castellón), un municipio de 24.859 habitantes famoso por sus azulejos y por estar sembrado de naranjos, la casa tenía dos partes. En una, malvivían 25 personas esclavizadas. Ocupaban tres habitaciones con literas cuyas camas llegaban a compartir dos y tres personas; dependían de un frigorífico estropeado, donde guardaban la poca comida con la que contaban y de una pequeña hornilla oxidada para cocinar. Usaban una sucia letrina fabricada con contrachapado de madera ubicada en el exterior de la vivienda y una ducha y una pila insalubres con aguas estancadas… Todo está en las fotografías de los investigadores que han desarticulado la trama de trata de seres humanos para la explotación laboral.

Al otro lado de la pared, vivían los explotadores: contaban con una espaciosa habitación de matrimonio bien amueblada, un baño con jacuzzi, un confortable salón con televisión de 55 pulgadas, sillones reclinables, y una moderna cocina totalmente equipada con la nevera repleta.

“Ninguno se atrevió nunca a cruzar la línea imaginaria que separaba esos dos mundos, el de los explotadores y el de los explotados”, cuentan los agentes de la sección de trata de seres humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que les han seguido los pasos durante meses. “Entraban y salían por una puerta trasera, sin atravesar nunca la vivienda, sin franquear ese pasillo, convencidos de que ese era su lugar en el mundo”, agregan.

Un día de “hace aproximadamente un año y medio”, relatan los investigadores, dos hermanos de 16 y 17 años, andrajosos y hambrientos, pararon a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Onda. “Tenían hambre y nada que comer, pese a haber estado trabajando varias semanas en el campo. Pedían ayuda”, cuentan los agentes.

Así comenzó la llamada Operación Bravos, que se ha saldado con la liberación en los últimos meses de un total de 61 personas, distribuidas en diversas poblaciones, y cinco detenidos, entre los que se encuentra el matrimonio rumano, cabecilla de la trama, y tres familiares. Presuntamente, la pareja captó, trasladó y explotó “al menos a un millar de personas en los últimos cuatro años”, según los agentes y la fiscal de Extranjería de Castellón, Carolina Luch. A la espera de que se celebre el juicio, los arrestados se encuentran en prisión preventiva por un delito de trata laboral de seres humanos, penado con entre cinco y ocho años de cárcel por cada víctima. También se investiga un posible delito de blanqueo de capitales.

La minuciosidad de la investigación, realizada al alimón por la UCO y la unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, ha corrido en paralelo a una profunda indagación patrimonial de los explotadores, y ha logrado poner en evidencia su perverso modus operandi. “No solo los esclavizaban laboralmente, sino que les creaban cuentas bancarias para darles una pátina de legalidad ante la empresa contratante y luego las manejaban a su antojo, de manera que se apoderaron de gran parte de su dinero, haciéndoles creer que las cosas funcionaban así en España”, explican los agentes. En estos momentos los investigadores tratan de calcular cuál es el monto total de dinero que han podido acumular en los diez años que llevaban en España, pero una prueba de ello son los planos de la mansión que se estaban construyendo en Rumania, hallados en la casa de Onda.

Los más necesitados

El procedimiento habitual en las contrataciones de trabajadores para el campo consiste en que los propietarios de las explotaciones agrícolas se dirigen a las empresas de trabajo temporal (ETT) para que les busquen jornaleros y así formar una colla (como se dice en valenciano) para recoger, sobre todo, la fruta de la temporada. En el caso de los trabajadores liberados recolectaban naranjas, melocotones o peras en campos de Valencia, Castellón y Lleida.

“A lo mejor les daban 10 euros a la semana para todo: comida, higiene… Pero podían ganar 1.200 euros al mes cada uno de ellos”, señalan los agentes. Pese a lo complicado de demostrar esta tipología delictiva —hay que probar la captación, el traslado y la explotación, por lo que se suele requerir la complicidad de la víctima, convertida casi siempre en testigo protegido—, el juez no ha dudado en enviar a los cinco detenidos a la cárcel. “Buscaban a los más desesperados, casi siempre analfabetos, para que estuvieran más limitados, y les traían y les mantenían engañados”, explican los investigadores.

De casa al campo

Entraban y salían como una colla en las tres furgonetas del matrimonio, de 49 años (él) y 45 (ella). Ambos ejercían de capataces ante los empresarios y la ETT que contrataba sus servicios para trabajar en las plantaciones próximas al lugar. Los movimientos de las víctimas se limitaban a ir de la casa al campo, y del campo a la casa. De lunes a domingo. De 7.30 a 18.30, con un descanso de 15 minutos para comer. Solo libraban los días en los que la meteorología no permitía trabajar y tenían prohibido salir de la casa, si no era acompañados de los dueños. Y los movían de un sitio a otro en función de la campaña frutícola.

Cuando los agentes entraron en la casa del número 45 de la Avenida del Mar en Onda, el pasado 17 de diciembre, descubrieron el centro de explotación del que nadie hasta entonces parecía haberse apercibido. “Había dos hermanos jóvenes, familias con hijos menores de edad, hombres, mujeres, niños…”, describen los agentes. Casi todos procedían de la misma zona de Rumania, una pequeña población agrícola a 120 kilómetros de Bucarest. Y algunos de zonas muy pobres de Bulgaria.

“La explotación laboral no tiene la misma visibilidad que la explotación sexual, pero también es un problema muy grave. La gente no se imagina que la compra y venta de personas puede suceder al lado de su casa”, dice la fiscal Lluch desde su despacho de Castellón.

“Ese es el furgón con el que se los llevaban todos los días. Hay dos más, que están allí aparcados. Salían a primera hora y luego volvían y ya no se les veía”, describe Verónica, vecina del chalet del barrio Monteblanco de Onda donde fueron liberadas las víctimas. “La verdad es que nunca nos molestaron. Nos hemos llevado una sorpresa al ver las noticias. El día que los liberaron, había coches de la Guardia Civil hasta allí abajo”, añade.

Amontonados

El chalet hace esquina con la avenida del Mar y la calle Solidaridad. Por el otro lado, linda con otra vivienda de dos plantas. La casa de los explotadores apenas tiene una pequeña ventana al exterior. Por fuera se asemeja un poco a un búnker. Por encima de sus muros, se puede ver un pasillo en un lateral que da acceso a unas habitaciones minúsculas donde se amontonaban hasta 25 personas.

El matrimonio rumano que lideraba la red disponía de todo el resto de la casa. “Se la construyeron ellos hace ya muchos años y la pusieron en venta hace unos meses”, apunta otra vecina, en un barrio en el que apenas se ve gente por la calle. “No queremos hablar y no tenemos nada que ver con eso”, dice un tercer vecino, visiblemente molesto por la pregunta.

Es un barrio humilde, a medio hacer, en el que se ven casas de una planta (las más numerosas), edificios de varios pisos, algunos chalets adosados y otros con un poco de terreno. De una de esas casas sale Francisca. “Fíjate que el que yo creía que era el bueno era el cabecilla. No salían para nada. Iban de casa al trabajo y del trabajo a casa. La verdad es que era gente que no se metía con nadie”, indica esta mujer de avanzada edad, mientras dirige la cabeza hacia la fachada del chalet, cuya puerta exterior aún conserva los precintos de la Guardia Civil y el boquete en la cerradura que hicieron los agentes para entrar.

El matrimonio, procedente de la misma región rumana que la mayoría de sus víctimas, “aprovechaba sus contactos en la población de origen para conocer las penosas circunstancias en las que se encontraban sus compatriotas: sabían quiénes estaban más necesitados y desesperados por una enfermedad de algún familiar, por una muerte, si tenían dinero o no para comprar medicinas, si les faltaba trabajo… y precisamente a esos les proponían venirse para España a trabajar supuestamente por un buen sueldo, una vivienda garantizada, y en condiciones dignas. Pero nada más lejos de la realidad”, aseguran los agentes.

Las víctimas eran gente de campo, avezados campesinos rumanos, buenos conocedores de las técnicas y del trabajo agrícola pero analfabetos en su gran mayoría. “Buenísimos trabajadores para cualquier empresario agricultor, pero incapaces de leer o escribir en su propio idioma y mucho menos en español, muchos no habían visto una tarjeta de crédito en su vida”, señalan los agentes que condujeron la investigación.

La fiscal Carolina Lluch está determinada a llegar hasta el final: “Han sido liberadas 61 víctimas, pero hay muchas más”, insiste la fiscal. “No vamos a parar hasta interrogar al mayor número posible, en Rumania y Bulgaria. Cuantas más víctimas, mayor es la pena”, recuerda.

“Es verdad que no hay protocolos de actuación establecidos en estos casos de explotación laboral y nos tenemos que echar cables unos y otros”, dice Sara García, la trabajadora social del Ayuntamiento de Benicàssim a la que llamó la fiscal para recabar con urgencia su ayuda y atender a los trabajadores. “Se articuló una partida de dinero” para comprar comida, productos de higiene y de primera necesidad, en contacto con el Banco de Alimentos de Cáritas. “Íbamos a hablar con ellos cada dos días, a supervisar y por si necesitaban algo, pero tampoco hablaban mucho. Es verdad que no hablaban castellano y al principio estaban como temerosos, como si no se fiaran de nosotros; el primer día no nos dejaron darles la comida. Pero luego se mostraron muy agradecidos”. Sara García destaca la implicación incluso personal de las concejalías de Servicios Sociales y de Igualdad.

Los agentes de la Guardia Civil aseguran que “al principio no cogían los alimentos que les daban porque temían que se los cobrasen después a precios desorbitados, como hacían sus explotadores para justificar el poco dinero que les daban”.

La mayor parte de las víctimas liberadas han regresado ya a su país de origen. Tras ser liberados en Onda, recibieron ayuda de los servicios sociales de esta población castellonense, así como de la cercana Benicàssim. También de un empresario de esta última localidad, que ha preferido mantenerse en el anonimato y ha declinado hablar con este diario. Dio alojamiento gratuito a unos 15 trabajadores explotados durante tres semanas, desde su liberación hasta su repatriación.

Carencias del sistema

La fiscal Lluch destaca la ayuda recibida porque “el sistema no está preparado para atender a las víctimas de la explotación laboral, como sí lo está en la explotación sexual en el caso de que se trate de mujeres”.

“Hemos ayudado en todo lo que nos pidió la UCO. Sobre todo en alojamiento y comida en los primeros días que siguieron a la liberación”, dice Óscar Vallejo, el concejal de Bienestar Social de Onda. El edil asegura que es la primera vez que tiene en el municipio “una operación de esta magnitud” y sostiene que no se puede generalizar el abuso de los jornaleros en la recogida de la naranja.

La investigación sigue abierta y de momento hay cuatro personas en prisión provisional. La fiscal no descarta que haya más investigados al margen de los cabecillas de la red.