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Tras la toma del control de los servicios públicos por parte del presidente Gustavo Petro, comisiones y gremios le alertaron al mandatario los riegos que traería su decisión.
Tras la toma del control de los servicios públicos por parte del presidente Gustavo Petro, comisiones y gremios le alertaron al mandatario los riegos que traería su decisión.

Tras la firma de Gustavo Petro del Decreto 0227 de 2023, el sector de los servicios públicos quedó muy preocupado por los poderes que tendrá el mandatario. La retoma del control de las funciones para fijar tarifas, entre otras disposiciones tiene en alerta a gremios y las mismas comisiones que manejaban estos temas. El líder de gobierno tomará las riendas regulatorias hasta el 16 de mayo.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ya sabía que se daría la firma del decreto, podría decirse que estaba cantado desde finales de noviembre, pero, la Creg, que prácticamente no podía cambiar la designación, le envió una extensa carta a la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, haciendo un llamado de atención para que respeten sus conceptos, que a pesar de las disposiciones se tengan en cuenta las reglamentaciones para el control tarifario, y que esto último podría tener serias implicaciones en materia de abastecimiento y financiación.

“Queremos destacar la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno, los expertos de una agencia reguladora independiente, la academia, la industria, las organizaciones de usuarios y demás partes interesadas, que brinde la seguridad de que el sector se continuará desarrollando en un ambiente de intervención del Estado caracterizado por la expedición de reglas técnicamente justificadas y con visión de largo plazo, condición necesaria para vincular las nuevas inversiones que demanda el sector en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar las siempre escasas finanzas públicas”, manifiesta Creg.

Creg le pide al presidente Gustavo Petro y a la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, que se respeta la independencia técnica de la comisión.
Creg le pide al presidente Gustavo Petro y a la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, que se respeta la independencia técnica de la comisión.

La comisión es muy enfática en solicitarle a Irene Vélez que se respete la independencia técnica, esto pensándolo no solo desde el marco regulatorio, sino todo lo que ya está establecido por la ley. Recuerdan que un indebido manejo podría llevar al país nuevamente a las épocas de apagones que se vieron entre 1992 y 1993:

“Así las cosas, afectar las reglas definidas para asegurar la confiabilidad del sistema, que fue una de las lecciones que dejó la situación de desabastecimiento de la demanda en el período 1992-1993, pone en riesgo la atención de la demanda ante un evento crítico, lo que podría conllevar a situaciones de desatención de dicha demanda. En el mismo sentido se podría dar el caso, cuando se afecten mecanismos que coadyuvan a la confiabilidad, tal como la senda de referencia del embalse, la cual se desarrolló a partir de la experiencia en el manejo de los embalses en condiciones críticas”.

Gremios aseguran que la decisión del presidente Gustavo Petro sobre los servicios públicos podría ser inconstitucional. Infobae
Gremios aseguran que la decisión del presidente Gustavo Petro sobre los servicios públicos podría ser inconstitucional. Infobae

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, hizo varias declaraciones, donde reflejó la incertidumbre que generó la expedición del decreto. Asegura que no hay claridad en lo que puede hacer el presidente Petro, y que la manera en la que operan las comisiones y entidades involucradas es la razón por la que no hay desconfianza en el sector.

“Las tarifas de energía son estructuradas y son complejas de definir, por eso se debe estudiar, analizar y esa es su función, el presidente puede tomar decisiones sobre la cadena de prestación de servicio (…) En los últimos 30 años no nos hemos apagados, se ha aumentado la cobertura y se ha despolitizado el discurso. Las tarifas no pueden ser una decisión política, tienen que reconocer la ley, los gastos de operación y mantenimiento”, detalló en entrevista con Caracol Radio.

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, pidió que el Gobierno aclare cuales serán las disposiciones sobre los servicios públicos. Naturgas
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, pidió que el Gobierno aclare cuales serán las disposiciones sobre los servicios públicos. Naturgas

Algunas otras agremiaciones evalúan la posibilidad de demandar el decreto, o si puede declarar nulo por ser inconstitucional, teniendo en cuenta que ya hubo otra disposición que le dio esos poderes a la Creg.

“Desde el análisis jurídico, considera la CCENERGÍA de la mayor importancia resaltar que el Proyecto de Decreto podría adolecer de vicios de legalidad (…) se puede concluir técnicamente que, un aspecto es la definición de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y otro muy diferente la regulación de tarifas, la cual, no se comprende en el acto de delegación del ejecutivo, y por el contrario, fue una función que, dentro de las competencias constitucionales asignadas al legislador (Artículo 150 de la Constitución), le fueron asignadas con fuerza de ley a la CREG”, explicaron desde la Cámara Colombiana de la Energía.



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