Redacción Madrid | A la Comunidad de Madrid no paran de surgirle problemas en el ámbito sanitario. Las operadoras del 061, teléfono de Emergencias y Urgencias sanitarias de la Comunidad de Madrid, han anunciado que irán a la huelga a partir del día 30 de Enero. Una huelga que se mantendrá de forma indefinida las 24h todos los lunes y sábados de la semana hasta que las reivindicaciones de las empleadas sean satisfechas.

“La gota que ha colmado el vaso”, según la nota de prensa del comité de empresa, ha sido la decisión, no negociada, de trasladar el servicio al Hospital Zendal, a dieciséis kilómetros de su actual centro en Legazpi, sin ningún tipo de compensación para la plantilla. Las malas comunicaciones y la lejanía del Hospital de la residencia de la mayor parte de las trabajadoras las coloca en una situación límite en cuanto a conciliación de la vida familiar y laboral.

A esta decisión se suman unas condiciones laborales pésimas que la plantilla lleva tiempo denunciando. El servicio de atención de llamadas del Summa 112 está privatizado, correspondiendo la gestión a dos empresas: “Servitelco Multiservicios” y “Servitelco Centro Especial de Empleo”, ambas pertenecientes a Ilunion, un grupo empresarial que tiene abiertos otros frentes en material de conflictividad laboral. Estas empresas se niegan a negociar con las trabajadoras cualquier mejora, imponiendo el Convenio de Contact Center, lo que deja a las trabajadoras con las jornadas de trabajo más largas y el sueldo más bajo del sector en todo el Estado Español.

Estas condiciones repercuten en la calidad del servicio. Cualquier persona cuando llama por una situación de emergencia espera un servicio rápido y eficaz. Sin embargo, y de acuerdo con la última evaluación de Riesgos psicosociales llevada a cabo en el servicio, lo que va a encontrar es muy distinto: Trabajadoras con altos niveles de estrés, falta de motivación, mal pagadas y con un horario laboral tan amplio que impide una atención de calidad. Al igual que en la huelga de médicos que se ha reanudado tras la falta de acuerdo con la Consejería de Sanidad, los intereses de los usuarios de los servicios y de las trabajadoras de los mismos coinciden, y por lo tanto, deben llevar la lucha de manera conjunta.

Esta unión es necesaria porque el enemigo es doble. Por un lado, deben enfrentar a las empresas concesionarias de las privatizaciones cuya principal fuente de beneficios es la explotación de sus trabajadoras. Por otro, la propia Consejería de Sanidad que actúa como guardiana de los intereses privados, asegurando una devaluación progresiva de lo público que obligue a más y más personas –las que puedan- a acudir a la atención sanitaria privada.

El comité de empresa de los servicios de atención de llamadas del Summa 112 entiende que se le ha obligado a ir a la huelga, y pone sobre la mesa una serie de “legítimas demandas: Integración en la plantilla Summa 112 como operadores de emergencias, reducción de la jornada máxima anual, mejoras salariales sustanciales y negativa al traslado al H. Zendal con las precarias condiciones actuales.”

Unas demandas cuya satisfacción, y vale la pena repetirlo, supondría una victoria no sólo para las trabajadoras de este servicio, sino para el conjunto de las madrileñas.



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