Redacción | Mañana jueves, 9 de junio, y como parte de las movilizaciones que se han venido impulsando por los comités de empresa de Metro y EMT en defensa del transporte público madrileño, hay convocada una gran manifestación contra los recortes que los gobiernos de Ayuso y Almeida vienen practicando en muchas líneas de autobús y en el metro de Madrid.

Ridículamente justificados por la subida del precio de la luz –mientras invierten, por ejemplo, 18 millones de euros en ampliar la Caja Mágica-, estos recortes se enmarcan en una estrategia más amplia que persigue desde hace décadas la reducción paulatina de todos servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.) y cuyo único propósito es la privatización de nuestros derechos y el enriquecimiento de quienes gestionan las empresas concesionarias. Gestores y negociantes que en muchos casos, como en el de las mascarillas, tienen probadas relaciones clientelares con Ayuntamiento y Comunidad. Hay que recordar, además, que el patrimonio de Metro lleva más de 10 años descapitalizándose, desde que en el año 2011 la Comunidad de Madrid asumió el control de todas las acciones de la empresa pública, lo que ha supuesto la paralización de las inversiones necesarias para su mantenimiento y mejora y una excusa perfecta, generada artificialmente, para su privatización.

Entre las principales denuncia que sostienen las plantillas de metro y EMT con el apoyo de plataformas, organizaciones ecologistas y colectivos de usuarios y usuarias, se encuentra el deterioro del servicio, con una reducción que afecta al 10% de los trenes de metro y a 16 líneas de autobús, lo que ha incrementado enormemente las frecuencias y provocando aglomeraciones que afectan, especialmente, a trabajadores y trabajadoras de los barrios del sur. Un ejemplo más de cómo la política neoliberal y selectiva del PP madrileño ataca los intereses de las mayorías para beneficiar los bolsillos de la minoría rica.

Además de exigir más trenes y autobuses y la mejora del servicio, los comités de empresa de ambos transportes públicos, en un ejercicio de unidad de acción sindical sin precedentes, exige el aumento de las plantillas y que se aplique la tasa de reposición del 120% que autoriza la ley de presupuestos para cubrir jubilaciones, bajas y excedencias, y aumentando el número de trabajadores que se necesitan en departamentos como explotación y mantenimiento.

A estas demandas, se suman también la ampliación de los carriles bus y la rebaja en el precio del abono mensual para garantizar el acceso a un servicio público esencial para la movilidad diaria de miles de trabajadores y trabajadoras. Defender el transporte público como parte de la justicia social pero también como una de las mejores medidas para luchar contra el cambio climático y la crisis energética que genera el uso masivo del vehículo privado y cuyo impulso sigue siendo, lamentablemente, una política central para el rescate de la maltrecha industria estatal. Esto, a pesar de que sindicatos y organizaciones políticas y sociales vienen haciendo propuestas para una reconversión en clave sostenible de la industria automovilística para incrementar la flota de medios de transporte colectivos. Propuestas a las que los gobiernos hacen oídos sordos.

Porque nos afecta a todas, la defensa del transporte público en Madrid es una lucha prioritaria que tenemos que apoyar y ampliar. Acudir mañana a la manifestación es sólo el comienzo.